A raíz del fallo emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que anuló el resultado de la elección de gobernador en Tabasco, el estado entró en una preocupante situación de ingobernabilidad. A unas horas del anuncio del tribunal federal, en la madrugada del sábado, el Congreso --saliente-- del estado, de mayoría priísta, aprobó de inmediato una reforma que le dio facultades a la mayoría simple de ese partido para designar al gobernador interino y que amplía hasta 18 meses el periodo de su mandato. Ayer, tras la designación del diputado federal del PRI ?sin licencia? Enrique Priego Oropeza como gobernador interino, el Congreso local se convirtió en un verdadero campo de batalla. 

Llama la atención que apenas se comienzan a dar los primeros signos de plena legalidad en materia electoral --el fallo del TEPJF representa un avance sustantivo--, reaparezcan los viejos vicios del atropello legal mediante el mayoriteo y el albazo. La movilización de la bancada priísta del Congreso de Tabasco para modificar la Constitución local en menos de 15 minutos e imponer a un gobernador interino, es un freno a los avances democráticos de los últimos años. También representa con claridad la resistencia de un partido acostumbrado a modificar la ley en su favor, que se niega a transitar hacia el ejercicio de la democracia. Los sucesos de ayer ponen al balcón las costumbres que para muchos priístas son normales, pero que ya no encajan en un país cuya sociedad demanda el establecimiento de un verdadero estado de derecho. 

El PRI, un partido que está demostrando no haber comprendido el mandato social del 2 de julio, que se encuentra sin rumbo, sin cabeza, sabe que Tabasco representa su principal bastión de poder en el sureste --sobre todo después del cambio de gobierno en Chiapas-- y hará todo lo posible por mantenerlo. Ya lo vimos con toda la serie de artimañas fraudulentas que, en principio, habían dado la victoria al candidato priísta Manuel Andrade, y que, en un fallo histórico, el TEPJF sacó a la luz pública en una valoración general, de la cual, por cierto, falta que se deslinden responsabilidades. Todavía, a pesar de la presentación de pruebas contundentes, la directiva nacional del PRI tuvo el descaro de alegar la ilegalidad del dictamen del tribunal. Y respaldó la reforma constitucional que promovió el Congreso de Tabasco para imponer gobernador interino y modificar el periodo de mando. 

Los lamentables sucesos en Tabasco hacen ruido en la realidad que hoy vive, y exige, la sociedad mexicana. Son clara muestra de que, a pesar de los importantes avances en materia electoral, en México todavía se vive una democracia defectuosa que no ha permeado en todos los ámbitos y espacios políticos. El ideal de establecer un verdadero federalismo puede verse mermado por la persistencia de los caciquismos políticos que imperan en varios estados del país. Tabasco es uno de ellos. Hoy hay un vacío de poder; el futuro político del estado es una incógnita. Que se retome el rumbo de la legalidad.