El gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, acaba de imponer un giro de 180 grados en la política social de esa entidad al llamar a una tregua para impedir nuevos incidentes sangrientos, al plantear su disposición a hacer todo lo posible para impulsar el diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y al criticar la política del gobierno de Ernesto Zedillo hacia el conflicto chiapaneco. 

Su anuncio de liberar a todos los zapatistas presos y su decisión de llevar a cabo un programa que instaure realmente la justicia para los chiapanecos, rubricaron la nueva orientación del gobierno estatal, al igual que su iniciativa para derogar la reorganización de los municipios emprendida por Roberto Albores para combatir a los autónomos zapatistas y dispersar las bases de apoyo del EZLN. 

Esta nueva actitud en Chiapas contribuye también al diálogo entre el zapatismo y los gobiernos local y federal al responder a varias de las demandas zapatistas, y crea un nuevo clima político en la entidad. Sin embargo, por importantes que sean las palabras del gobernador Salazar Mendiguchía y por sincera que sea su actitud, no se puede considerar salvado el trecho que existe entre las declaraciones y los hechos. 

Como hizo ver el obispo de San Cristóbal, Felipe Arizmendi, el Ejército permanece en vastas zonas del estado y su presencia estimula la desconfianza de las poblaciones indígenas; además, alienta a los "vándalos antizapatistas" que el gobernador justamente ha condenado. Otro problema --éste en relación con la propuesta de ley de la Cocopa y con el cumplimiento por el Estado nacional de los acuerdos que se firmaron en San Andrés Larráinzar-- podría consistir en la insistencia del PAN en presentar en el Congreso su propia iniciativa de ley indígena, que se contrapone en muchos puntos a la de la Cocopa, lo cual podría llevar a reformular, con votos del blanquiazul y del PRI, partes fundamentales de los textos antes mencionados, reduciendo sus alcances sociales. 

Es indudable que la desaparición en Chiapas del gobierno de Roberto Albores y el de Ernesto Zedillo en escala nacional, han allanado el camino para la distensión en Chiapas y para una posible solución a breve plazo del añejo conflicto. Pero los factores de poder que se oponen a una solución aún están firmemente enraizados y no faltan tampoco negros nubarrones amenazantes que podrían obstaculizar la democratización del país que el presidente Vicente Fox ha declarado querer instaurar y que en forma valiente el nuevo gobierno de Chiapas está tratando de imponer. 
 

El nombramiento de Sara Guadalupe Bermúdez al frente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA) es, sin duda, una de las decisiones más desafortunadas que ha tomado Vicente Fox. Independientemente de los desencantos que la designación ha generado en la comunidad cultural, destaca el evidente desconocimiento que la funcionaria tiene de las instituciones del ramo. 

Su breve trayectoria como periodista cultural y los meses que sirvió como enlace del equipo de transición con ese organismo es, a todas luces, insuficiente para tratar de justificar la posición que le ha sido otorgada. En sus 11 años de funcionamiento, el CNCA logró afianzarse como una sólida institución que ha alcanzado importantes logros en la materia. Ahora, se corre el riesgo de desencadenar una severa y previsible crisis en la esfera cultural del país. Bermúdez se ha mostrado incapaz de formar un equipo de colaboradores --salvo dos o tres nombres-- que pueda dar una señal de alivio al desconcierto que permea en los diferentes sectores del medio. ¿Cómo es posible que Carmen Quintanilla haya renunciado a las tres horas de haber asumido una de las secretarías técnicas del Consejo por la disputa de una oficina con Andrés Roemer, otro secretario técnico? El descontrol es más que evidente. 

Además, ha sido notoria la falta de cortesía de la señora Bermúdez con los funcionarios salientes, que no han recibido el mínimo reconocimiento, sino, por el contrario, un trato arrogante y despectivo. El (ex) director de Culturas Populares, José Iturriaga, se enteró por los medios que había sido sustituido y sobre quién ocupaba su puesto. 

La inexperiencia que evidencian algunos de los nuevos funcionarios es más que preocupante, cuando incluso los experimentados cometen errores. Uno de estos últimos, reconocido, y cuyo nombramiento fue bien recibido, Francisco Gil Díaz, cometió un error más que lamentable al poner en duda la honorabilidad de su antecesor, José Angel Gurría, con un tema tan delicado como resultó ser el de los honorarios de los integrantes del equipo de transición. 

Aunque sus palabras tenían otro motivo, tiene mucha razón Víctor Hugo Rascón Banda al señalar los costos que tiene para el país "nacer y renacer cada año, cada sexenio, al traer personas externas a las instituciones que pueden venir a aprender". 

El desencanto y el rechazo de importantes grupos de la comunidad cultural reflejan el enfado de un sector al que se le hizo mucho ruido pero que, en los hechos, se le prestó poca o nula atención. ¿Por qué tanta demagogia a favor de la cultura si lo que se está demostrando es que en el proyecto del nuevo gobierno no se le dará el lugar que merece y que, precisamente, la sociedad requiere?