Las reacciones políticas ante los lamentables acontecimientos suscitados el jueves en Tepito no se han hecho esperar. Diputados locales de PRI, PAN, PVEM y Democracia Social desenfundaron de inmediato para descargar acusaciones en contra del procurador de Justicia del Distrito Federal, Samuel del Villar, y exigieron a la jefa de Gobierno, Rosario Robles, un informe sobre la pasividad de los cuerpos policiacos durante las horas de desorden social. La exigencia de explicación a los actos de gobierno por parte de los legisladores es necesaria, es su obligación, pero, en este caso, más que una reacción política con fundamento y justificación, los prestos ataques a ambos ilustran el ambiente de crítica parcial que se ha venido generando en su contra. Al menor movimiento, se exaltan los errores --que los han tenido-- de las dependencias del Gobierno del Distrito Federal, más aún si tienen que ver con Samuel del Villar. Estas reacciones --acto reflejo-- se han vuelto sistemáticas, aun cuando el procurador ha aplicado la ley conforme a derecho. 

Efectivamente, el jueves hubo errores operativos y la resistencia vandálica tomó por sorpresa a la Procuraduría y a la Secretaría de Seguridad Pública, pero, en todo momento, se aseguraron los derechos generales de los habitantes y vecinos del barrio, y se actuó dentro del marco de la ley. 

¿Cuál sería la opinión de los detractores a ultranza si anteayer hubiera habido detenciones injustas, heridos graves entre la población civil, muertos, como se temía que pudiera ocurrir? Su reacción hubiera sido la misma, o quizá mucho más virulenta. 

Si la fuerza pública hubiera enfrentado a los agresores con lujo de violencia, allanado moradas y detenido a cualquier transeúnte bajo sospecha, se hubiera transgredido la ley y caído en prácticas autoritarias, por las que también otras voces, como algunos medios de comunicación, se inclinan. Pero no fue así; la población pudo ver por televisión cómo los elementos de seguridad se enfocaron en restablecer el orden público que se perdió por más de 12 horas. En Tepito se vivió un estado de anarquía e ingobernabilidad, de esto no cabe la menor duda, pero también quedó claro que los agentes que participaron en el operativo actuaron con prudencia ante una situación de caos. La zona fue sitiada y se recuperó la paz social con un saldo blanco. 

Cuestionar la "mano blanda" de los cuerpos policiacos parece más una provocación para la aplicación de la violencia en este tipo de casos, sin tomar en cuenta la integridad humana, que una propuesta real para el combate al crimen organizado. Afortunadamente, en lugar de la fuerza, se aplicó el estado de derecho. Las autoridades capitalinas asumieron responsabilidades, aun cuando se enfrentaron con delitos cuyo combate es de competencia federal. Esto, desde luego, no significa que no haya habido torpezas en la tardía reacción de las autoridades.