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Denuncia amenazas del grupo Paz y Justicia
Señora directora: El Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha recibido en los últimos
días diversas denuncias de amenazas en varias comunidades de la
zona norte, por parte de miembros del grupo paramilitar Paz y Justicia.
En la comunidad de Mariscal Subicusky, municipio de Tumbalá,
personas de la comunidad han denunciado la actuación impune y prepotente
del comisariado ejidal Nicolás Arcos Díaz, de filiación
priísta y perteneciente a Paz y Justicia, quien ha amenazado a varias
familias del mismo ejido.
Las agresiones se han realizado en contra de miembros
de la familia Sánchez, la cual ha participado en las decisiones
de la comunidad y actualmente está en desacuerdo por las acciones
del comisariado ejidal. El 27 de octubre de 1999 Cristóbal Sánchez
fue amenazado por el comisariado ejidal y el primero de octubre del 2000,
Arturo Sánchez Arcos fue amenazado y golpeado por la misma autoridad.
En la comunidad de Unión Hidalgo, municipio de
Sabanilla, los pobladores denuncian amenazas por parte de paramilitares,
encabezados por Ambrocio Guzmán Ramírez, señalando
que tienen la orden de emboscar a las personas del poblado La Lampara que
salgan a trabajar, amenazando con ahorcar a los que cuidan el predio. La
población se encuentra atemorizada por las amenazas recibidas en
el predio, dados los hechos de violencia ocurridos en varias comunidades,
como Jesús Carranza, Unión Juárez y Moyos, en 1996,
en donde perdieron la vida tres personas y de los cuales responsabilizan
al señor Ambrocio Guzmán.
En la población Hidalgo Joshil, municipio de Tumbalá,
lugar donde se encuentran desplazados del predio El Paraíso, municipio
de Yajalón, han sido atemorizados por las amenazas de Paz y Justicia.
Estas amenazas demuestran que nuevamente las acciones
del grupo paramilitar Paz y Justicia continúan manteniendo el clima
de temor en la gente que sale a trabajar o que transita los caminos, acciones
que, como hemos denunciado en otros momentos, se realizan con la protección
de las autoridades municipales y de Chiapas.
Manifestamos nuestra preocupación acerca de que
estas acciones puedan significar un incremento en la violencia de la región
para agudizar el clima de inestabilidad y tensión que se vive en
el estado.
Alertamos a la opinión pública nacional
e internacional sobre ello y exigimos a las autoridades del gobierno federal
y del estado, que abandonen las acciones contrainsurgentes a fin de respetar
los derechos humanos de toda la población.
Asimismo, exigimos que se lleven hasta sus últimas
consecuencias las investigaciones sobre los grupos paramilitares, y que
se vigile que las autoridades competentes de los gobiernos federal y estatal
den cumplimiento a sus facultades en estricto apego a derecho.
Marina Patricia Jiménez, directora del Centro
de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
Precisiones del consejero electoral José Barragán
a una nota de Mireya Cuéllar
Señora directora: Me dirijo a usted para
precisar algunos conceptos vertidos por su distinguida reportera Mireya
Cuéllar en su periódico del 16 de noviembre, ya que saca
de contexto totalmente las palabras atribuidas a su servidor y al representante
del Partido de la Revolución Democrática, Pablo Gómez,
haciéndome aparecer, en mi opinión, como un gran enemigo
del derecho a la información.
1. Su servidor nunca tuvo conocimiento de la petición
hecha por Mireya Cuéllar, solicitando información al presidente
de la Comisión de Fiscalización. Por tanto, nunca me pronuncié,
ni antes de la sesión, ni durante la sesión del pasado día
14 sobre este particular.
2. Su servidor tomó la palabra para defender, en
general y sin hacer referencia a la mencionada petición, la no publicitación
ni de las sesiones de dicha comisión, ni de la información
contenida en los expedientes que llegan a manos de la misma.
Referí, insistiendo, que en dichos expedientes
no nada más se contiene lo relativo a lo gastado en las campañas
políticas, sino que también otros muchos documentos, relativos
a hechos ciertos y que, junto a las verdades, se podían encontrar
eventualmente errores y omisiones, tal como lo previene la ley, de tal
manera que, al ponerse al libre acceso de los medios, sin antes oír
a los partidos interesados para recibir sus aclaraciones, se podrían
seguir perjuicios para dichos partidos, dando lugar a las consecuentes
reclamaciones ante nuestra comisión.
También precisé que la propuesta del compañero
Jaime Cárdenas buscaba, primero, que fueran públicas las
sesiones de la Comisión de Fiscalización y, segundo, que
debía ponerse al alcance de estos mismos medios, sin limitación
alguna, la información contenida en los mencionados expedientes.
3. También dije que la razón de esta prudencia
y de la no publicitación de dichos expedientes por parte de nuestra
comisión no se debía a que la mencionada información
tuviera carácter confidencial, sino porque dicha documentación
era propiedad de los partidos políticos, propiedad sujeta al mayor
respeto a la luz del artículo 16 constitucional.
4. Al final del debate, es cierto que el representante
del PRD, Pablo Gómez, afirmó lo que citó textualmente:
"Ahora, una última aclaración, por favor.
Consejero electoral, doctor José Barragán, la documentación
que se presenta no es propiedad de los partidos políticos, no se
puede aplicar el término propiedad, no cuando el origen son los
partidos, pero no tienen propiedad sobre esa documentación, no pueden
disponer libremente de ese bien, tienen que entregarlo a la autoridad pública,
es público, es de propiedad pública".
5. Su servidor no entró durante la sesión,
ni ahora, a comentar dicha afirmación del mencionado representante.
Me conformaría con que se ratifique ese dicho por escrito y se autorice
a nuestra comisión a poner el libre acceso de los medios toda la
documentación que pueda llegar a la comisión del mencionado
partido, alegando el carácter de propiedad pública, afirmación
que yo respeto, pero no comparto, o alegando cualquiera otra motivación,
que para nosotros será suficiente o bastante como para darle cabal
cumplimiento.
6. Por último, afirmé que no tenía
ningún inconveniente en sesionar a la vista de los medios. Más
aún, dije en una sesión de nuestra comisión que por
mi parte podíamos sesionar en el Zócalo si fuera preciso.
De manera, pues, que conozco sobradamente los derechos que como cualquier
ciudadano tenga y desearía, como usted, que no tuvieran límites;
pero también conozco las limitaciones que, como parte de una autoridad
colegiada, me imponen las leyes y nunca he tratado de obtener provecho
personal alguno de esa doble posición, de ciudadano y de autoridad,
como acostumbra hacerlo el compañero Jaime Cárdenas, quien
ha tenido la temeridad de interponer un juicio de amparo en contra de un
acuerdo, en el que él votó como parte de dicha autoridad
colegiada, simplemente porque se emitió en sentido contrario al
defendido por dicho compañero. Por cierto, permítame dejar
constancia del más absoluto respeto al uso de la fuente confidencial
que tiene su reportera, para allegarse la información acerca de
todo lo que se dice y lo que no se dice en el seno de nuestra comisión,
aclarándole que dicha fuente ya no es secreta porque el señor
Jaime Cárdenas ha reconocido ser esa fuente ante nosotros los consejeros.
Atentamente,
José Barragán
Respuesta de la reportera
Señora directora: El asunto que se estaba
discutiendo en la sesión fue planteado con toda precisión
por el consejero Jaime Cárdenas, quien lo puso sobre la mesa. Por
lo demás, no me atrevería a comentar las muy particulares
filias o fobias de nadie.
Atentamente,
Mireya Cuéllar
Demandan esclarecer acusación contra estudiante
de la UNAM
Señora directora: El día 11 de noviembre
pasado, el estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación,
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Ricardo C. Martínez
Martínez fue citado a comparecer a la agencia número 22 del
Ministerio Público de Coyoacán en esta ciudad, bajo la acusación
de lesiones el día 25 de octubre contra un señor de nombre
Bernardo Abad Sánchez del servicio de vigilancia de la UNAM y cuyo
testigo de los hechos es Juan Valdespino Torres, jefe de departamento de
la Dirección de Servicios Generales de la UNAM.
Los abajo firmantes, profesores de esta universidad, demandamos
el esclarecimiento de esta acusación, a todas luces falsa, y el
cese de presiones de diversa índole y actos intimidatorios contra
el alumno Ricardo Martínez. Exigimos que la UNAM preste todo su
apoyo para resolver cuanto antes la mencionada querella.
Doctora Elvira Concheiro B., Genoveva Roldán
D., Beatriz Casa, Axel Didriksson, doctor Ricardo Martínez, Ricardo
Martínez L., Efraín Cruz Marin, Javier Aguillón Martínez
y 27 firmas más
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