El lunes pasado, Francisco Barrio Terrazas, encargado en el equipo de transición del presidente entrante de la lucha contra la corrupción, estimó que ésta cuesta cada año al país 9.5 por ciento del producto interno bruto, es decir, más de 500 mil millones de pesos. Ayer, el presidente de la Asociación de Banqueros de México, Héctor Rangel Domene, indicó por su parte que en la economía nacional se lavan anualmente más de 200 mil millones de pesos procedentes de actividades ilícitas, principalmente del narcotráfico. 

Tales indicadores, que no aparecen entre aquellos de los que hace ostentación la arrogancia tecnocrática, expresan una alarmante inoperancia de las instituciones públicas y privadas en el marco de un estado de derecho. El medio billón de pesos que se escatima a las arcas públicas anualmente en actos de corrupción no es, a fin de cuentas, sino una vasta privatización ilegal de recursos públicos en la que participan, en pie de complicidad, funcionarios, empresarios y simples ciudadanos. Por su parte, la delincuencia organizada requiere, necesariamente, de la participación del sistema financiero privado para blanquear los 200 mil millones anuales de sus ganancias ilegales. 

Tales cifras obligan a pensar que los mecanismos de control y fiscalización vigentes, así como el sistema de procuración e impartición de justicia son, en parte, un aparato de simulación. En efecto, si las transacciones por los montos mencionados pasan inadvertidas a las contralorías estatales y a la federal, a la Secretaría de Hacienda y a las procuradurías del país, ello sólo puede deberse a una asombrosa ineficiencia, a un designio de hacerse de la vista gorda o, más probablemente, a una combinación de ambos factores. Erradicar la una y el otro requeriría, simplemente, de voluntad política; las dimensiones de la corrupción y del lavado de dinero muestran la ausencia, a lo largo del sexenio, de tal determinación. 

En otro sentido, las cifras mencionadas por Barrio Terrazas y por Rangel Domene muestran hasta qué punto las descripciones macroeconómicas oficiales caen en el terreno de la ficción. Si el discurso gubernamental descontara de sus cifras públicas los movimientos procedentes de actividades ilícitas y se limitara a presentar la economía legal, el retrato resultante dejaría mucho que desear. 

Es necesario, sin embargo, avanzar a una actitud de sinceridad y realismo en el manejo de los números nacionales por parte de las autoridades, no sólo para hacer más eficiente --ahora que el neologismo "eficientar" llega a las altas esferas del poder-- la administración pública sino para disponer de información confiable para combatir la ilegalidad en todas sus formas.