En la madrugada de ayer, cientos de efectivos de la Policía Judicial Federal (PJF) intentaron realizar varios cateos en busca de armas en la comunidad de Miguel Utrilla --considerada bastión del grupo paramilitar priísta Paz y Justicia--, en el municipio de Chenalhó. La acción de la PGR provocó la resistencia armada de varios pobladores y dejó un saldo de varios heridos, tanto entre los habitantes como entre los elementos policiales, daños materiales diversos y, sobre todo, una imagen de impotencia de las autoridades ante las bandas antizapatistas armadas patrocinadas por los propios gobiernos federal y estatal y que, en el discurso oficial, no existen. 

En efecto, la violenta confrontación ocurrida en la zona de Los Chorros muestra las consecuencias de la irresponsable política aplicada a lo largo de todo el sexenio por el Ejecutivo Federal y el gobierno chiapaneco en torno al conflicto en esa entidad. Una sólida documentación recopilada por organismos de la sociedad civil evidencia la ayuda, el entrenamiento y el encubrimiento brindados a Paz y Justicia y a otros grupos paramilitares --entre los que se encuentran Máscara Roja, Los Chinchulines, Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista y la Alianza San Bartolomé de los Llanos-- por parte de la policía local, el Partido Revolucionario Institucional e incluso elementos de las fuerzas armadas, en el marco de una política de contrainsurgencia que, desde los inicios del mandato del presidente Ernesto Zedillo, reemplazó la voluntad de diálogo y pacificación. 

Esa política, que no debió adoptarse nunca, pudo haberse abandonado cuando los paramilitares masacraron a 45 personas en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, a fines de 1997. Sin embargo, la propia PGR optó por negar la existencia de las bandas armadas y por desconocer, así, el gravísimo problema. Es ilustrativo el que los intentos de cateo en busca de armas realizados ayer, y oficialmente relacionados con la investigación sobre la matanza de Acteal, eran los primeros que se realizaban en Los Chorros desde que ocurrió la tragedia, es decir, la autoridad dejó pasar casi tres años antes de decidirse a desarmar a las bandas que perpetraron el multihomicidio. 

No es de sorprender, en ese contexto de impunidad, encubrimiento y distorsión de la verdad, que los paramilitares estén lo suficientemente envalentonados como para desafiar con armas de fuego a la Policía Judicial Federal y que se sientan capaces incluso de impedir la sucesión en el Ejecutivo estatal y la toma de posesión del gobernador electo, Pablo Salazar Mendiguchía. En tales circunstancias, lo peor que podría hacer el gobierno sería interrumpir sus operativos --así sean tardíos y de última hora-- para desarticular a las bandas armadas que las propias autoridades, en ausencia de una idea mejor para resolver el conflicto chiapaneco, propiciaron y toleraron.