Conforme se acerca el cambio de gobernantes en la Federación y en Chiapas, las tensiones en esa entidad crecen a ojos vistas, y se acentúan la descomposición social y los síntomas de ingobernabilidad. Como se ha documentado en estas páginas en días pasados, los conflictos y los factores de desestabilización se han multiplicado en el territorio chiapaneco, hasta el punto de poner en peligro una sucesión armónica y pacífica en el Ejecutivo estatal. La violenta reacción de los grupos paramilitares a la detención de 11 de sus integrantes, la proliferación de enfrentamientos inter e intracomunitarios --con su cauda de asesinatos, atentados, saqueos y expulsión de familias de sus lugares de origen--, el renovado empeño de las autoridades actuales por solapar y proteger a las bandas armadas de filiación priísta y la ofensiva de la delincuencia común. 

Para colmo, en ese explosivo contexto, el 18 de octubre el Ejecutivo federal sembró una indeseable semilla de provocación y violencia al emitir un decreto expropiatorio de ocho hectáreas pertenecientes a la comunidad de Amador Hernández para instalar, allí, un cuartel del Ejército Mexicano. Esa medida, que ha suscitado el inmediato rechazo de los pobladores y las protestas de diversas organizaciones de la sociedad civil, es emblemática de la actitud de acoso, provocación y agresión innecesaria sostenida durante el presente sexenio contra los indígenas chiapanecos rebeldes, y si hay congruencia en los propósitos pacificadores del equipo político que conformará el próximo gobierno, una de sus primeras medidas tendría que ser la anulación del mencionado decreto expropiatorio y el retiro de las tropas estacionadas en Amador Hernández. 

En lo relativo a las autoridades que están a punto de entregar el poder, su proclamado empeño por entregar el país en armonía y estabilidad económicas al próximo presidente se ve desmentido por el desdén y la hostilidad gubernamentales contra los alzados de Chiapas. 

Así fuera como un gesto de cortesía republicana para con su sucesor, el actual Ejecutivo Federal debería poner, en esa entidad, un empeño de contención equivalente al que se aplica en los ámbitos bursátil y cambiario, y abstenerse de echar más leña al fuego chiapaneco. Las próximas semanas serán cruciales en este sentido, y en ese tiempo es indispensable que el gobierno federal amarre las manos a las descontroladas huestes de Roberto Albores y de la oligarquía tradicional de Chiapas, la cual, obviamente, busca aprovechar el doble vacío de poder nacional y estatal para escalar el conflicto y descarrilar, así, la sucesión en la gubernatura. 

Si lograran su propósito, Ernesto Zedillo dejaría a Vicente Fox el legado de un incendio político y social en el sureste del país.