El político Rodolfo Elizondo, integrante del primer círculo de colaboradores del presidente electo, Vicente Fox, anunció ayer que éste tiene previsto, entre sus primeras medidas tras la toma de posesión, acatar formalmente los acuerdos de San Andrés Larráinzar, comenzar la reducción de la fuerza militar que se mantiene acantonada en Chiapas y lanzar un plan estratégico para la pacificación y el desarrollo de esa entidad. 

Tales señalamientos resultan esperanzadores y plausibles, sobre todo cuando está a punto de terminar un gobierno que, en lo que se refiere a la construcción de soluciones a los conflictos chiapanecos, bien podría denominarse el sexenio perdido. 

A las intenciones pacificadoras del equipo de Fox ha de sumarse el próximo arribo a la gubernatura chiapaneca de Pablo Salazar Mendiguchía, el cual será el primer ejecutivo estatal no priísta y se encuentra por ello, en principio, en condiciones de facilitar la reactivación del diálogo entre el gobierno federal y la directiva del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 

Poner fin al cerco militar a las comunidades zapatistas y reactivar y culminar el proceso de paz entre las autoridades nacionales y la organización indígena rebelde --interrumpido por la decisión del actual Ejecutivo federal de desconocer los acuerdos de San Andrés-- son sin duda requisitos centrales e indispensables para la normalización de la entidad, pero no los únicos. Se necesita además un programa de acciones en los ámbitos del desarrollo económico y social y una profunda reforma de la institucionalidad local para atacar y corregir las causas profundas del levantamiento de enero de 1994. 

En su afán por minimizar a los pueblos rebeldes, la administración que termina el próximo 1o. de diciembre pretendió impulsar unilateralmente una transformación rápida de las lacerantes condiciones humanas en las regiones del conflicto y a ello destinó, según el discurso oficial, enormes sumas de dinero. A la vista de los resultados cabe suponer que tales recursos, si efectivamente existieron, se extraviaron en los laberintos de la corrupción pública, o fueron empleados de manera errática, o ambas cosas. En todo caso, el empeño zedillista por resolver el conflicto mediante la aplicación de gasto social se realizó sin tomar en cuenta el sentir de los supuestos beneficiarios, los cuales han permanecido la mayor parte de estos seis años con la ocupación militar de sus regiones y con permanente hostigamiento de soldados, paramilitares y policías estatales. Difícilmente puede reconocerse en ese proceder un espíritu auspicioso para lograr la paz con justicia y, sobre todo, con dignidad, que reclaman los alzados. 

En este fin de año, con las sucesiones en los poderes ejecutivos federal y estatal, se abre una oportunidad inapreciable y prometedora para retomar la tarea de la pacificación en forma integral, incluyente y constructiva. Cabe hacer votos porque los ofrecimientos de Fox y de Salazar Mendiguchía se concreten y el país pueda dejar atrás el doloroso capítulo de la rebelión indígena y las circunstancias que la generaron.