Señora directora: Me parece muy triste lo que sucede en relación al gran operativo que se desató en los lugares de reunión nocturna en nuestra ciudad a raíz de la tragedia de Lobohombo, y me pregunto: 

1. ¿Por qué no prevenimos las tragedias en lugar de reaccionar siempre después? 

2. ¿Por qué los lugares no estaban perfectamente verificados por las autoridades correspondientes? 

3. ¿Por qué un lugar como El Hijo del Cuervo ha sido cerrado y se le ha tachado de giro negro? Durante su historia, todos lo sabemos, no ha sido sólo un bar, sino un foro de expresión para músicos, escritores, poetas, artistas plásticos, teatreros, feministas, perredistas, simpatizantes zapatistas... en fin, un espacio cultural. ¿O que ya se nos olvido todo esto?, ¿Por qué el silencio? 

4.- ¿Será esto una cuestión política?, ¿Si lo hubiese cerrado el PAN también muchos permanecerían callados? 

5.- ¿Se trata nuevamente de políticas internas de nuestra izquierda siempre dividida?, ¿Por qué siempre tenemos que ser víctimas de grillas que no nos interesan? 

Este espectacular operativo ha dado pie a que la mayoría de los medios de comunicación generen más amarillismo y morbo que el que acostumbran para tratar la información. Ayer nos cancelaron un concierto porque el lugar estaba clausurado; para los que desarrollamos nuestro trabajo en ese tipo de lugares llega a afectarnos en varios sentidos. Estoy de acuerdo con que todos los lugares deben apegarse a las leyes y reglamentos, pero no estoy tan segura de que ésta sea la mejor manera de procurarlo. Es una lástima que un gobierno que ha fomentado tantos espacios para la cultura se ensucie con acciones de esta naturaleza, que más que preventivas me parecen un tanto intolerantes. Lo mejor sería propiciar mecanismos adecuados para que todos los lugares de esparcimiento puedan cumplir con los requerimientos necesarios para su buen funcionamiento y no representen un peligro para ciudadanas y ciudadanos. Por favor, no nos quiten los pocos espacios que tenemos, son fuente de trabajo y de expresión para algunos y recreación para muchos. 
  
Rita Guerrero, vocalista de Santa Sabina 

Denuncian intimidación a participantes de Echa una Mano por la Paz 

Señora directora: El pasado martes constatamos con pesar que en nuestro país no ha cesado la práctica de actos intimidatorios hacia personas que se han pronunciado y trabajan por una salida pacífica al conflicto en Chiapas. 

El domicilio particular de nuestros compañeros Andrés Fernández y Enrique Pineda fue violentamente registrado el martes 31 de octubre lo que atenta no sólo contra sus garantías individuales, sino también contra la libertad de pensamiento de ellos y de todas las personas y organizaciones interesadas en la construcción de un país más justo y digno. 

Hacemos mención de que éste no es un hecho aislado, ya que han existido amenazas vía telefónica y por correo electrónico, así como intentos de intervención de su número celular; lo anterior, está directamente vinculado a la organización de la campaña nacional e internacional Echa una mano por la paz, en la cual participan los compañeros mencionados. 

A través de esta carta expresamos nuestro repudio a este tipo de represalias con las que se evidencia la necesidad de estrechar vínculos entre las diferentes organizaciones de la sociedad civil, y de formar una red que nos mantenga alertas ante las prácticas represivas del poder institucional. 
  
Comité organizador de la campaña Echa una mano por la paz: Rita Guerrero, Julieta Egurrola, Luis González Souza, Gloria Rico 

Señora directora: Descubrí con gran preocupación por qué llevo más de un año tramitando la liberación del crédito para la escrituración de mi departamento y en el Infonavit sólo me han dado largas: en mi estado de cuenta general aparece un saldo a mi favor por casi 8 mil 400 pesos, sin que nadie me hubiera informado ni apareciera el desglose correspondiente para enterarme oportunamente. 

Ahora que estoy enterado he acudido en incontables ocasiones a cumplir con los trámites que me han exigido a efecto de que me sea devuelto el dinero que pagué de más, una vez que liquidé el préstamo. Con inefable descaro incluso han pretendido, como requisito para que me devuelvan los 8 mil 400 pesos, que yo pague más de 10 mil pesos por concepto de un convenio de regularización que ya he cubierto. ¡Qué absurdo! O que sólamente pague 2 mil pesos más y ya "quedamos a mano". El caso es que ya liquidé el crédito y en mi estado de cuenta aún aparece que me deben 8 mil 400 pesos. Todavía me hicieron pagar casi 200 pesos para que, según Arturo Cruz, titular de Control de Gestión de la dirección general, "se agilizara la devolución". Sin embargo, el 23 de octubre, al recibir por fin mi oficio de liberación, se me informó que "ya no hay dinero" en el Infonavit, y que la cantidad me será devuelta hasta enero del año entrante, situación en la que están muchos derechohabientes. ¿Año de Hidalgo en el Infonavit? ¿Aparecerán archivos en ceros a partir del 1 de diciembre, como ocurrió en el DF cuando el PRD asumió el poder? Por lo pronto, presentaré queja en la Contraloría Interna del organismo y, de ser necesario, demandaré al Infonavit. 
  
Humberto Ortiz Moreno 

Señora directora: Me dirijo a usted con motivo de la columna Ciudad Perdida, del señor Miguel Angel Velázquez, que se publicó el pasado lunes 30 de octubre en el prestigiado medio que atinadamente usted dirige, a fin de hacer los siguientes comentarios y precisiones. 

Es reprobable que el señor Velázquez aproveche el espacio de que dispone para ofender a quienes, como en este caso, tienen la responsabilidad de dirigir una de las instituciones educativas más importantes del país. 

El tono ofensivo de su columna, además de dañar la honorabilidad de la persona a quien se refiere, ofrece a los lectores una imagen distorsionada del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

El ejercicio periodístico tiene por objetivo informar a la sociedad sobre el acontecer nacional e internacional y para ello se sustenta en diversas fuentes. Sin embargo, resulta cuestionable que en su práctica se dé credibilidad a testimonios de quienes se valen del anonimato o el uso de seudónimos para involucrar a una institución educativa como el IPN en hechos totalmente ajenos a sus actividades y esencia académicas. 

Para conocimiento del señor Velázquez me permito comentar que en esta casa de estudios no se ignora, como él sugiere, la magnitud del problema que representa el llamado fenómeno del porrismo, que por igual agrede y agravia a ésta como a otras instituciones educativas y a la sociedad en general. 

Para combatir esa problemática el instituto ha actuado y lo seguirá haciendo conforme a sus responsabilidades: estableciendo programas de orientación y prevención sobre conductas antisociales entre sus alumnos; alentando la participación de los padres de familia en la educación de sus hijos; sancionando académicamente y conforme a la reglamentación interna a aquéllos sus estudiantes que cometan algún acto indebido, y solicitando el apoyo e intervención de las autoridades competentes cuando dichos actos son constitutivos de delito. 

En los últimos seis años, el IPN ha presentado más de 500 denuncias penales por delitos cometidos en contra de su comunidad e instalaciones; desde 1998 planteó la necesidad de crear una fiscalía especializada en delitos seudoestudiantiles o contra las instituciones educativas; ha manifestado también la necesidad de revisar el marco jurídico para evitar la impunidad de quienes cometen ese tipo de ilícitos; así como la conveniencia de establecer dispositivos especiales de vigilancia y seguridad en los alrededores de los planteles educativos. 

Con el único fin de evitar confusiones entre el amplio número de lectores que distingue con su preferencia al reconocido medio que usted dirige, respetuosamente le solicito la publicación de la presente. 
  
Hugo E. Huitrón Vera, jefe de la División de Comunicación Social del IPN 

 
Señora directora: El martes 26 de septiembre del presente año mi sobrino fue robado de su domicilio. Su nombre es José Angel Tenorio Hernández, tiene 7 años de edad, pelo negro y lacio, ojos negros. Los teléfonos donde se puede mandar información son: (01 753) 7 17 17, de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y (01 753) 1 11 33 de Guacamayas, Mich. Formulo esta petición con la esperanza de que en algún lugar mi sobrino sea localizado y devuelto a su familia. Si todos colaboramos un poco, podremos frenar este tipo de crímenes, a los que todos estamos expuestos. 
  
Jesús Martínez Tolentino