El pasado fin de semana, la Procuraduría General de la República anunció la captura, en Chiapas, de 11 integrantes del grupo paramilitar Paz y Justicia, de filiación priísta. Entre los detenidos se encuentran el ex cabo del Ejército Marcos Albino Torres y el ex diputado local Samuel Sánchez Sánchez, considerados dirigentes de ese grupo armado. 

La acción gubernamental constituye, ciertamente, un paso hacia la distensión en la entidad, pero resulta tardía e insuficiente. A lo largo de todo el sexenio que está por terminar, el gobierno federal ha tenido información sobre la conformación y la operación de guardias blancas en diversas regiones de Chiapas, y sin embargo, en todo este tiempo, optó por tolerarlas y, en ocasiones, negó su existencia. Si en los dos primeros años del mandato de Ernesto Zedillo se hubiese actuado contra los paramilitares de Paz y Justicia, probablemente la matanza de Acteal no habría tenido lugar y se habría salvado el medio centenar de vidas que se perdieron ahí, más muchas otras. El implacable acoso militar a las comunidades zapatistas contrastó, durante este gobierno, con la obsecuencia para con los diversos grupos armados que actúan en connivencia con las autoridades estatales y con los militares, y ello, además del desconocimiento de los acuerdos de San Andrés por parte del presidente Zedillo, llevó al proceso de paz en Chiapas a un callejón sin salida. 

Adicionalmente, la captura de los paramilitares es insuficiente en la medida en que en Chiapas existen varios grupos más de corte similar que no han sido afectados: entre otros, Los Chinchulines, Máscara Roja, el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista, Los Puñales y las Fuerzas Armadas del Pueblo, brazo armado de la organización priísta Alianza San Bartolomé de los Llanos, que la semana pasada, en el municipio de Venustiano Carranza, asesinó a un campesino e hirió a otros dos, en una emboscada contra miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ). 

Cabe esperar que el próximo gobierno federal y el Ejecutivo estatal, presidido por Pablo Salazar Mendiguchía, que tomará posesión en breve, unan esfuerzos para desmantelar a los grupos paramilitares priístas creados durante este sexenio. 

Con ello se dará cumplimiento a un requisito indispensable para reactivar el proceso de paz, pero también se pondrá un alto a la descomposición social que afecta a Chiapas.