Las manifestaciones de los burócratas federales, que desquiciaron la ciudad, están causando la irritación de ciudadanos que, sin pensar mucho, condenan la acción colectiva de estos trabajadores. Convendría, por lo tanto, ver más serenamente las motivaciones de los mismos y cuáles intereses, además, se mueven en este movimiento tratando de pescar en agua turbia. 

En primer lugar --aunque es evidente el intento del líder sindical de los burócratas, Joel Ayala, de obtener influencia en sus bases y prestigio para negociar con el nuevo gobierno-- el movimiento va más allá de las maniobras interesadas de los aprovechadores del campo sindical. Los burócratas, en efecto, están ofendidos en su visión --falsa o correcta-- de lo que es la justicia. Han recibido durante sexenios un sobresueldo bastante raquítico --el bono sexenal-- que consideraban ya derecho adquirido --aunque así no fuese ni resultase legal-- y repentinamente se ven privados de algo con lo que pensaban reflotar su magra economía. Por otro lado, ven cotidianamente los gastos superfluos o de representación de los funcionarios y reciben amplia información, por todos los medios, sobre el pago --tampoco previsto por el presupuesto ni discutido en el Congreso-- de un sueldo de presidente y de sueldos de secretarios, durante meses, a un segundo gobierno aún fuera de su cargo. Independientemente de que se pueda discutir que los presidentes electos y los posibles secretarios provenientes del PRI no necesitaban trabajar para la transición, pues formaban ya parte del gobierno, ni cobrar porque ya estaban en la nómina, lo que queda ante la opinión pública es el despilfarro de los impuestos ciudadanos y la discrecionalidad del actual gobierno en la concesión de dinero del contribuyente. O sea, la impresión de que existen hijos y entenados, de que se realiza un ahorro en sentido único (deben ahorrar y ser austeros sólo los más pobres) y de que el criterio legal es dejado de lado en el caso de los poderosos. 

''La cuerda se rompe por lo más delgado'', pensaron los burócratas que, a diferencia de los funcionarios, reciben salarios realmente de miseria ni siquiera compensados por los extras que, aparte de no ser contabilizados para la indemnización ni las jubilaciones, les son descontados en las quincenas. A la protesta moral por lo que sienten como un escarnio, los burócratas agregan, sin hacerlo explícito, una protesta por la enorme separación del abanico salarial desde el punto de vista de las diferencias según las jerarquías y los privilegios políticos. Es cierto que los burócratas, a diferencia de los funcionarios, que se pueden ver obligados a renunciar en cualquier momento, están seguros en sus puestos. Es cierto también que el nivel de responsabilidad no es comparable. Pero a los burócratas la estabilidad no les basta, pues sus salarios son muy inferiores a los que rigen en la iniciativa privada y es cosa sentada que el Estado no puede integrar a los mismos los premios y ventajas que otorga ''fuera del sobre'', porque si lo hiciera no podría pagar ni el Seguro Social ni las eventuales indemnizaciones, además de que se le desbordarían las jubilaciones. De modo que los burócratas, como otros empleados estatales (maestros, profesores universitarios) tienen sueldos ridículos que les impiden dejar de trabajar so pena de morirse de hambre y, en cambio, estimulan el ''multichambismo'' y hasta la corrupción, que también les ofenden. Ha llegado por consiguiente la hora de tomar el toro por los cuernos y, para tener un sector estatal eficiente, dar salarios dignos, cerrar el abanico salarial hacia arriba, establecer plena transparencia en la comunicación entre las partes y en la adopción de decisiones. Es necesario sincerar la actual situación en la que impera un simulacro de compensación salarial, por un lado, y uno de productividad por el otro, mientras las grandes palabras sobre las obligaciones morales (de los demás) vuelan por doquier.