El súbito retorno a Perú de Vladimiro Montesinos, quien en septiembre pasó de todopoderoso asesor presidencial a un estatuto indefinido entre prófugo y exiliado, agravó la crisis del grupo gobernante en ese país sudamericano, provocó la renuncia del vicepresidente, Francisco Tudela, y suscitó rumores sobre preparativos para un posible golpe de Estado. 

A decir de Tudela, el regreso del repudiado ex funcionario está relacionado con el intento del presidente Alberto Fujimori de obtener, a cambio de su propia salida del poder, una amplia amnistía para los militares sobre los que pesan acusaciones por violaciones de derechos humanos o por vínculos con el narcotráfico, medida que podría amparar al mismo Montesinos. 

En todo caso, el ex asesor presidencial no parece haber vuelto a su país con el ánimo de responder por el gran abanico de crímenes por los que es señalado --desde deserción de las fuerzas armadas hasta torturas, secuestros y asesinatos, pasando por tráfico de armas, extorsión y desvío de fondos públicos-- sino en un intento por restaurar su poder que, según todos los indicios disponibles, ha sido mayor que el del propio Fujimori. 

No se puede omitir que parte de la responsabilidad por este nuevo giro incierto y ominoso de la crisis política peruana corresponde a la presidencia de la Organización de Estados Americanos y a los gobiernos latinoamericanos que gestionaron la impunidad para Montesinos y su asilo en panamá, en un supuesto afán por "contribuir al fortalecimiento democrático" en Perú. 

Por el contrario, la condescendencia para con el hombre fuerte de Fujimori puede llevar, como se ha visto, a un reforzamiento de las opciones autoritarias --un golpe militar incluido-- que el grupo gobernante peruano no ha dejado de preparar desde que se anunció la realización de nuevas elecciones y la próxima dimisión del actual presidente. 

Ciertamente el preocupante episodio puede desembocar en una aceleración de la descomposición del fujimorato, pero también podría culminar en una destrucción de la institucionalidad peruana mayor, si cabe, a la realizada, en forma sistemática, desde que El Chino llegó al poder. 

En todo caso, la incierta circunstancia generada por la vuelta de Montesinos a Perú es una muestra de los peligros de desestabilización que genera la impunidad de los criminales de Estado. El ex asesor de Fujimori es un delincuente equiparable al argentino Ricardo Miguel Cavallo o al chileno Manuel Contreras, y debe ser sometido, al igual que ellos, a la acción de la justicia.