El incendio de una discoteca o "antro", en el vocabulario popular, pone a luz nuevamente --ya lo había hecho Cuauhtémoc Cárdenas cuando gobernaba el Distrito Federal-- la necesidad de modificar el marco legal para no seguir ofreciendo escapatorias al crimen organizado. 

Pandillas de explotadores de la prostitución, de tratantes de mujeres, de traficantes en droga, asesorados por equipos de abogados que conocen todas las triquiñuelas legales, actúan impunemente, aprovechando complicidades policiales o los resquicios que les brinda un aparato judicial mal pagado, sobrecargado de trabajo o peor preparado que los letrados al servicio de los pandilleros. A ello se añade, desde luego, las deficiencias de legislaciones caducas, llenas de flancos débiles, rebasadas por una realidad mucho más compleja que aquella en que fueron concebidas, y evidentemente con unas organizaciones criminales modernas, bien estructuradas y repletas de protagonistas de cuello blanco. 

El procedimiento para la impunidad que acompaña la irresponsabilidad es simple: los mercenarios del crimen lanzan una lluvia de amparos en diferentes juzgados, apoyándose en documentos falsificados pero legalizados por un notario para burlar la buena fe del juez; si éste percibe el truco, rápidamente los leguleyos de los delincuentes desisten, impidiendo la prosecución del caso, mientras donde así no sucede instalan un antro o varios gracias a prestanombres u hombres de paja que permiten esconder a las autoridades los nexos entre los diversos centros de vicio y el pequeño grupo de organizadores de lucrativos delitos que no se pueden controlar de inmediato. 

El número de capitalistas delincuentes es pequeño, pero poderoso. Constituyen un coto cerrado y comparten especialistas legales y comerciales en ocultar o confundir las huellas. Pero su fuerza principal no proviene tanto de la cuantía de sus capitales o de su capacidad de sobornar autoridades sino esencialmente de la dispersión de los esfuerzos represivos, de lo inadecuado e insuficiente de la legislación que sanciona esas actividades y de la falta de coordinación entre las autoridades judiciales y policiales que actúan en diferentes jurisdicciones. 

Por consiguiente, hay que estrechar las mallas de la ley para evitar que por ellas puedan escapar quienes administran ese tipo de antros y ni siquiera se preocupan por darles un mínimo de seguridad ante los siniestros a los clientes, que son simplemente gente a la que hay que desplumar. 

Y hay que establecer una estrecha coordinación entre las policías preventivas federales, estatales o del Distrito Federal y entre los aparatos judiciales respectivos, reformando incluso las leyes que sea necesario a partir de los trucos que utilizan los abogados de los criminales, para que dichos subterfugios resulten imposibles. Igualmente es necesario mejorar la calidad y las condiciones de trabajo de la magistratura, para evitar fallas involuntarias que puedan ser utilizadas por los asesores de los delincuentes, y depurar, si fuese el caso, las filas de los magistrados complacientes. 

Pero también es urgente un catastro actualizado, computarizado, ágil, que dinamice la identificación de los lugares en cuestión, sus características físicas, en fin, y someterlos a periódicas revisiones soportadas en informes detallados. 

Ante los muertos resultantes de una actividad delictiva que pone en peligro a los vecinos y a la sociedad misma, no faltarán nuevamente los que pidan "cero tolerancia", más represión o incluso que se implante la pena de muerte. Pero al crimen organizado no se le combate con otras ilegalidades. Contra la ilegalidad, sólo vale la ley.