Tras la realización, a la vista de todo el mundo, de operativos de fraude por parte del gobierno de Roberto Madrazo, y de una jornada electoral que se caracterizó por masivas irregularidades, los comicios estatales en Tabasco desembocaron, anoche, en una situación incierta: dos empresas encuestadoras contratadas por el PRI estatal para dar sondeos a boca de urna consignaron una ligera ventaja para el tricolor. El candidato oficial a la gubernatura, Manuel Andrade Díaz, secundado por la presidenta nacional de su partido, Dulce María Sauri Rianchi, empezó a festejar su "triunfo" de inmediato. Sin embargo, los conteos dados a conocer por el Instituto Electoral de Tabasco (IET), instancia dominada por el madracismo, presentó cifras en las cuales el aspirante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Raúl Ojeda Zubieta, aparecía, hasta el cierre de esta edición, virtualmente empatado con su contrincante tricolor. De esta forma, el priísmo estatal y su líder máximo, el gobernador Madrazo, se revelan una vez más contra el estado de derecho y sientan las bases para un conflicto poselectoral de resultados imprevisibles. 

El enorme despliegue de mecanismos clásicos de fraude, en un entorno nacional que, en lo general, ha superado esas prácticas antidemocráticas, se explica por los vastos intereses que se juegan Madrazo y su grupo en esta elección: por una parte, la supervivencia del grupo político-empresarial-delictivo (Carlos Cabal Peniche es uno de sus exponentes) agrupado en torno al gobernador; por la otra, el posicionamiento de éste en la disputa por el control nacional del PRI; finalmente, la perspectiva de impunidad para el propio Madrazo, quien está involucrado en ilegalidades diversas desde que era candidato a la gubernatura, y las cuales han sido fehacientemente documentadas ante la opinión pública. 

En esas circunstancias, era claro, desde hace meses, que el grupo madracista estaba dispuesto a evitar a cualquier precio una derrota electoral en los comicios estatales de ayer, y que para lograrlo recurriría a los mecanismos de fraude típicos, a la desviación de cuantiosos recursos públicos para apoyar a un candidato que preservara sus intereses e incluso, si lo anterior fallaba, a generar un conflicto político que enturbiara la elección y desestabilizara el escenario político de la entidad. 

Para contrarrestar este empeño antidemocrático, corrupto y autoritario, realizado a contrapelo del espíritu ciudadano que recorre el país --Tabasco incluido-- es indispensable que la sociedad se movilice para exigir un recuento honesto y puntual de los sufragios, a fin de restablecer el sentido de la voluntad popular. 

Por su parte, las principales fuerzas representadas en los órganos legislativos federales, empezando por el PRI, deben rechazar los intentos de distorsión del voto ciudadano y los procesos electorales, habida cuenta que la persistencia de tales prácticas daña la vida política del país en su conjunto y, especialmente, a las organizaciones partidarias que no se deslinden, de manera inequívoca y contundente, de esas maniobras.