La conversación telefónica sostenida en días recientes entre Raúl y Adriana Salinas de Gortari, en la que el primero involucra a su hermano Carlos en el desvío de recursos del erario y en la expedición de pasaportes falsos, y que fue difundida anteayer por Joaquín López Dóriga en un noticiero televisivo tiene, más allá de la espectacularidad y del amarillismo que pueda suscitar, implicaciones fundamentales para el país. 

En primer lugar, tanto el contenido en sí de la plática como los mecanismos que hicieron posible su difusión masiva en horario estelar constituyen síntomas inequívocos del grado de descomposición alcanzado por el grupo de neoliberales que se hizo del poder presidencial en 1988 y que lo mantiene hasta la fecha, a pesar de los disensos, las rupturas, los escándalos, los encarcelamientos y los homicidios ocurridos entre sus integrantes. El antecedente inmediato y el contexto de la revelación es el libro presentado en días recientes por Salinas y la parafernalia mediática que desplegó en torno a su lanzamiento; tanto en la obra escrita como en sus declaraciones públicas, el ex presidente exhibió una clara obsesión por, con razón o sin ella, endosar a su sucesor en el cargo todas las culpas por los sucesivos desastres gubernamentales de estos 12 años. 

La discusión a gritos entre Raúl y Adriana muestra que esa descomposición ha llegado incluso al entorno familiar de los Salinas y coloca al ex presidente en una situación por demás delicada, toda vez que parece confirmar las sospechas nacionales en el sentido de que el "hermano incómodo" en realidad ha sido su prestanombres y su administrador en el manejo de dineros mal habidos. En la lógica más elemental de un estado de derecho, esos indicios deben conducir a una rigurosa investigación judicial del ex presidente y de su entorno familiar y político, y al esclarecimiento de las responsabilidades administrativas y penales correspondientes. 

Al mismo tiempo, la extraña oportunidad y la facilidad con que ese diálogo llegó a los medios obligan a sospechar la participación de altas esferas del poder público en la intervención, grabación y filtración del telefonema. Esos hechos implican la comisión de delitos que deben, asimismo, ser investigados y esclarecidos. Es claro que la virulenta pugna entre los dos presidentes del ciclo salinista traslada al próximo gobierno la responsabilidad política de conducir y concluir, con apego a derecho, ambas investigaciones. 

En suma, el intercambio presentado por el noticiero de Televisa ha dejado a los Salinas de Gortari --a tres de ellos, por lo menos-- en un predicamento legal y ha empeorado sustancialmente la de por sí negativa imagen pública de la familia. Pero la revelación deja mal paradas, también, a las autoridades actuales --surgidas del salinismo y continuadoras de su obra en materia de arrasamiento económico y social--. Además, esa revelación es vista como una respuesta vergonzante, encubierta y delictiva, al alud de acusaciones lanzado por Salinas contra el presidente Zedillo.