El mandatario argentino, Fernando de la Rúa, minimizó ayer la renuncia del vicepresidente Carlos Alvarez y negó que su gobierno pase por una crisis política. Sin embargo, los conflictos al interior de la coalición gobernante (conformada por el Partido Radical de De la Rúa y el Frente País Solidario, Frepaso, del dimitente Alvarez y de la ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide) son inocultables. Tras el retiro del vicepresidente renunció el recién promovido secretario general de la Presidencia, Alberto Flamarique, y el sucesor provisional de Alvarez en la presidencia del Senado, José Genoud, ha puesto su dimisión sobre la mesa. 

La crisis actual tiene como antecedente inmediato el descubrimiento de presuntos sobornos a senadores de oposición para que aprobaran, en abril pasado, una propuesta oficialista de modificaciones a la ley del trabajo. La renuncia del vicepresidente Alvarez fue motivada por la resistencia gubernamental a ir a fondo en las investigaciones y a aislar a políticos que, como Flamarique, pudieran estar involucrados. 

En lo inmediato, entre la ciudadanía la confianza en el presidente De la Rúa ha ido en picada, hasta situarse en 23 por ciento, mientras que Alvarez, tras su renuncia, elevó la suya hasta doblar esa proporción. Ello puede explicarse en virtud de que el ex vicepresidente era visto como una garantía de congruencia en el combate a la vasta corrupción estatal que dejó como herencia Carlos Menem después de sus dos mandatos sucesivos. 

A la crisis política existente ?por más que el mandatario se empeñe en negarla-- debe agregarse el mal resultado de la economía, que se traduce en una perceptible caída del nivel de ingresos entre las mayorías del país sudamericano. Se configura, así, el posible desmantelamiento de la esperanza con que fue recibido el triunfo hace un año el triunfo electoral de la alianza gobernante. 

Hacia el exterior, con su manejo de la presente crisis, De la Rúa ha enviado una señal inequívoca: ha preferido utilizar el poder presidencial para marginar a quienes, desde el gobierno, demandaban transparencia y probidad, antes que para combatir frontalmente a los corruptos.