Ayer, el gobierno español presentó formalmente a nuestro país la solicitud formal de extradición del argentino Ricardo Miguel Cavallo, acusado por su participación en homicidios, torturas, desapariciones forzadas y otros delitos cometidos durante los años setenta en el marco de la dictadura militar argentina. En circunstancias que la Secretaría de Comercio no ha explicado a cabalidad, antes de que se descubriera su verdadera identidad el presunto genocida llegó a dirigir, en nuestro país, la concesión del malogrado Registro Nacional de Vehículos. De ese cargo pasó al Reclusorio Preventivo Oriente, en donde actualmente espera el desenlace de su solución legal. 

Este caso de extradición, con todas las diligencias y ramificaciones legales que son previsibles, significará una importante prueba jurídica, política y moral para la Secretaría de Relaciones Exteriores y para las instituciones de procuración e impartición de justicia del país. 

Por una parte, la circunstancia de Cavallo involucra, además de las entidades nacionales mencionadas, a autoridades judiciales y políticas de España, al gobierno de Buenos Aires, a organizaciones promotoras de los derechos humanos, tanto nacionales como extranjeras, y acaso también a estamentos delictivos internacionales a los que podría estar vinculado el ex militar argentino. En ese contexto, es de suponer que las instancias mexicanas encargadas de resolver el caso experimentarán presiones políticas tanto para que se otorgue la extradición como para que se rechace. 

Por otra parte, la decisión final de México en este asunto tendrá significaciones inocultables más allá de la extradición en sí del presunto criminal argentino: lo que se determine para Cavallo será inevitablemente comparado con la ligereza con que las actuales autoridades han entregado a la policía española a vascos imputados de pertenecer a ETA, y cuyas acusaciones eran mucho menos definidas que la que enfrenta el ex director del Renave; en otro sentido, una eventual denegación de la extradición diría mucho de la disposición del gobierno que iniciará el próximo primero de diciembre ?y que será, con seguridad, el que tendrá la última palabra? de ir a fondo en el esclarecimiento de la turbia concesión otorgada en el sexenio que termina a la empresa de Cavallo. 

Finalmente, el desenlace del proceso legal iniciado ayer reflejará el grado de compromiso del gobierno foxista con la protección de los derechos humanos, la vigencia de la legalidad internacional y el combate a la impunidad. 

Por las razones anteriores, el juicio de extradición del antiguo esbirro de la Escuela de Mecánica de la Armada será un tema fundamental para la opinión pública en los meses que vienen.