En las postrimerías del sexenio zedillista, el fundamentalismo neoliberal y el culto al libre mercado dan un nuevo golpe a la economía nacional con la decisión de reprivatizar las principales empresas de aviación del país, Aeroméxico y Mexicana, y desmembrar la controladora de acciones de ambas, Cintra, cuya propiedad mayoritaria corresponde al gobierno federal, vía el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), sucesor del Fobaproa. 

La medida se inscribe en la lógica del ciclo privatización-rescate-privatización de empresas estratégicas para el país y por el cual han pasado, con diferencias de matiz, los bancos, las carreteras, los ingenios y las líneas aéreas. Cada cambio de manos se ha traducido en pérdida de propiedad nacional y de recursos y se ha realizado de manera poco transparente ?por decir lo menos--y a espaldas de la sociedad. 

La aviación comercial no es la excepción. La arrogancia tecnocrática ha ignorado las peticiones formuladas por las bancadas de las tres principales fuerzas electorales del país y de colaboradores del presidente electo, Vicente Fox, para abrir un tiempo de consulta y reflexión antes de esta nueva desincorporación, así como las adver- tencias de los dos organismos sindicales del ramo, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) y Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), en el sentido de que la venta por separado de las dos mayores aerolíneas nacionales acarreará diversas medidas de protesta del gremio. 

En otro sentido, las autoridades tampoco han querido escuchar las advertencias sobre los peligros que la disolución de Cintra y la venta de Mexicana y Aeroméxico a compradores distintos. Los detractores de esas medidas señalan los casos contrastantes de Francia y Canadá, por un lado, y de Perú, por el otro; en los primeros, hubo de darse marcha atrás en el desmembramiento de las líneas aéreas nacionales; en el segundo, se persistió en la división y ello se tradujo en la desaparición de la aeronáutica comercial peruana. 

En tales circunstancias, el empecinamiento en imponer a cualquier costo la desregulación, la apertura comercial, la privatización de bienes públicos y la libre competencia, a contrapelo de un claro consenso nacional ?expresado por las bancadas legislativas del PRI, el PAN y el PRD? y de la postura de los trabajadores del sector, está generando un indeseable conflicto político en el tramo final de este gobierno. Hay, por todo lo señalado, motivos suficientes y fundados para dejar la decisión a la administración entrante.