Al expresar su postura en torno a la matanza del 2 de octubre de 1968 ?de la que ayer se conmemoró el 32 aniversario? Vicente Fox asumió una actitud a la que ningún presidente electo o en funciones, desde entonces, se habría atrevido: reconoció sin ambigüedad el gran aporte de los mártires de Tlatelolco a la democratización actual que vive el país y se comprometió a establecer una comisión investigadora, a brindarle su apoyo y a hacer justicia ante los delitos aún no prescritos relacionados con ese crimen de Estado que sigue lacerando la memoria del país. 

Tales propósitos, expresados en el marco de su visita a Francia, contrastan con los subterfugios del titular del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) para poner a disposición de la sociedad la información que al respecto pueda tener el gobierno, con el reclamo de amnesia formulado por la Secretaría de Gobernación y con la tardía ?absolutamente tardía? disposición priísta a iniciar una investigación de lo ocurrido hace 32 años en la Plaza de las Tres Culturas. 

En lo dicho por el presidente electo ha de reconocerse congruencia con las promesas de campaña y reivindicación de la exasperación social ante el régimen, exasperación que el 2 de julio de este año se expresó en forma de una masiva votación para el candidato de la Alianza por el Cambio y se tradujo en la peor debacle electoral en la historia del viejo partido de Estado. 

Significativamente, el mismo día Fox retomó sus propósitos de paz hacia los insurgentes indígenas de Chiapas y refrendó su ofrecimiento de un retiro paulatino del Ejército de las posiciones que ocupa en esa entidad, un propósito que, por cierto, no debiera condicionarse a muestras de voluntad de paz por parte de los zapatistas, toda vez que la organización rebelde chiapaneca ha dado sobradas muestras de tal voluntad al abstenerse, desde el 11 de enero de 1994, de disparar un solo tiro, pese a las reiteradas provocaciones de las autoridades federales y estatales. 

Como quiera que sea, el presidente electo marcó, ayer, una clara distancia con respecto a dos grandes agravios del priísmo contra México: el 2 de octubre, hace 32 años, y la política desdeñosa, provocadora e irresponsable del actual gobierno hacia los alzados zapatistas de Chiapas. Esa actitud oficial ha tenido sus expresiones más lamentables en el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráinzar y en el ambiente que culminó en la matanza de Acteal, la cual, como la de Tlatelolco, dista mucho de haber sido esclarecida y sancionada conforme a derecho. 

En suma, en las materias referidas ?revisión con ánimo de esclarecimiento y justicia del crimen de Estado de 1968 y reactivación del proceso de paz en Chiapas? la administración que se iniciará el próximo primero de diciembre merece el respaldo y el impulso de la sociedad.