LA CRISIS POLICIACA

El violento enfrentamiento ocurrido anteayer entre grupos en pugna de policías auxiliares, que dejó decenas de heridos, es un nuevo y alarmante síntoma de la descomposición que afecta a las corporaciones policiacas del país en los tres niveles de gobierno. Por si hiciera falta confirmar tal fenómeno, entre el lunes y el martes fue asesinado de un disparo a quemarropa el tercer comandante de la Policía Montada de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, Alfredo León Domínguez, y hace unos días se divulgó un informe según el cual la abrumadora mayoría del personal de la Procuraduría General de la República -de la que depende la Policía Judicial Federal- está formada por elementos que suscitan desconfianza. Para colmo, en las fuerzas armadas, colocadas en funciones policiacas, se presentan también graves expresiones de descomposición, como las imputaciones contra los generales Gutiérrez Rebollo, Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro por complicidad con un cártel de narcotraficantes.

En esta crisis inciden la corrupción, la falta de mecanismos de control y supervisión, la capacidad de coptación e infiltración de la delincuencia organizada y una distorsionada cultura de servicio público que toma el cargo y las atribuciones legales como patentes para el abuso y el enriquecimiento ilícito. Otro factor, que puede apreciarse en toda su dimensión en el conflicto de la Policía Auxiliar, es el patrimonialismo y el corporativismo que se practica en amplias esferas de la vida nacional, que estructura instituciones y organizaciones, y constituye una de las más peligrosas y difíciles herencias del régimen priísta.

En el caso de los policías auxiliares el patrimonialismo llegó -con la constitución de la asociación civil Servicios Sociales de la Policía Auxiliar en 1984, durante la regencia de Ramón Aguirre- a grados insólitos de cinismo; las atribuciones administrativas y patronales del entonces Departamento del Distrito Federal y de la Secretaría de Protección y Vialidad se entregaron a una mafia de comandantes de la propia corporación, que manejó a su arbitrio y conveniencia salarios y prestaciones de los efectivos auxiliares -quienes, por lo demás, perciben sueldos de hambre- hasta que, el año pasado, el actual secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, denunció ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal un desvío de fondos por mil quinientos millones de pesos por parte de dicha asociación civil.

El conflicto en la Policía Auxiliar, al igual que el reciente enfrentamiento en Chimalhuacán entre huestes enfrentadas de priístas, es indicativo del camino que falta por recorrer para desarticular las corporaciones patrimonialistas y clientelares -legales, semilegales o abiertamente delictivas- forjadas durante muchas décadas y que fueron uno de los pilares de la hegemonía del viejo régimen político. Los "modernizadores" priístas devastaron la propiedad social y estatal, pero, salvo excepciones dictadas por la conveniencia o los rencores políticos -como en el caso de Joaquín Hernández Galicia, La Quina-, dejaron intacta esa vasta estructura que hoy se presenta como un lastre, un agravio y un peligro de desestabilización.