LA ESCALADA DE LAS DROGAS

En la reunión internacional sobre cocaína que tiene lugar en Acapulco, Guerrero, y en la que participan altos funcionarios policiales y de procuración de justicia de diversos países, el procurador Jorge Madrazo Cuéllar y el fiscal especial, Mariano Herrán Salvatti, aportaron cifras que ponen de manifiesto el naufragio de la política antidrogas en vigor en nuestro continente.

De acuerdo con lo señalado por los funcionarios, los estadunidenses consumen cada año unas 300 toneladas de cocaína, y gastan en el mercado negro, en ese periodo, unos 53 mil millones de dólares. Prácticamente la totalidad del estupefaciente se produce en tres países sudamericanos -Colombia, Bolivia y Perú-, de donde debe ser transportada a territorio de Estados Unidos por rutas que, por elemental lógica geográfica, transitan, en su mayoría, por el territorio, el espacio aéreo o el mar territorial mexicano.

En el empeño de detener ese trasiego masivo, las autoridades nacionales han confiscado, en el curso del presente sexenio, cerca de 140 toneladas del estupefaciente, en el marco de la política antidrogas del país. Ello representa sólo una pequeña fracción de la cocaína que inhalan millones de ciudadanos del país vecino, pero el costo humano, económico, político y social de la guerra contra los cárteles ha sido enorme, doloroso y exasperante: miles de muertos y heridos, cárceles repletas, violencia creciente, corrupción de empleados públicos y de altos funcionarios -desde policías rasos hasta generales-, desmoralización y disolución social.

Los drogadictos, en su inmensa mayoría, se encuentran en la nación vecina, la cual ostenta el récord mundial de consumo de estupefacientes. Cerca de diez por ciento de su población entre la adolescencia y la vejez ha consumido cocaína al menos una vez en su vida, porcentaje que en México es de 1.4. Este último índice, sin ser tranquilizador, ni mucho menos, sí indica claramente que la persecución de los proveedores y traficantes es una tarea que debiera concernirnos en una medida mucho menor que a Estados Unidos, en donde el uso de cocaína constituye un problema de salud pública de grandes dimensiones.

Por lo demás, las cifras referidas no sólo evidencian el fracaso de la política antidrogas sino que permiten preveer que, si persiste el empeño de formular el problema en sus términos actuales, los cárteles seguirán ganando la guerra y las sociedades y los gobiernos continuarán perdiéndola. Mientras mayor sea el afán por imponer la prohibición, más se incrementarán las ganancias de los narcos y mayor será, en consecuencia, su capacidad organizativa, de fuego, de cooptación y corrupción de funcionarios y de infiltración de las estructuras estatales. Poco importa que algunos capos célebres sean puestos en prisión o que se logre el desmantelamiento de organizaciones criminales enteras. En tanto haya un mercado de 50 mil millones de dólares, nuevos delincuentes y nuevas bandas ocuparán el sitio y persistirán en el negocio.