Denuncia de Rosario Ibarra

Señora directora: En estos momentos, en los que más de uno espera la palabra del EZLN sobre la situación nacional; hoy, que se espera también que el EZLN se exprese sobre el estado que guarda la guerra que está por cumplir siete años en Chiapas, se ha desatado una especie de jauría de oportunistas que, escudándose en el silencio de la comandancia general del EZLN, ha enviado cartas y comunicados a diversas personalidades, así como a algunos medios de comunicación, firmadas con distintos nombres y grados, o -šen el colmo del cinismo!- con una falsificación descarada de la firma del Subcomandante Marcos.

Yo sé que ninguna de estas cartas en las que se pide dinero, así como ninguno de los supuestos comunicados dirigidos a Fox o a alguno de sus "intermediarios", son auténticos.

Aclaro que no soy vocera del EZLN, ni intermediaria, ni aspirante a mediadora. Simple y sencillamente digo lo que digo, esperando que las personas de buena fe no se dejen sorprender y que las de mala fe, no se aprovechen más y termine de una vez por todas esta farsa.

Rosario Ibarra

Aclaraciones de la PGR a una nota

Señora directora: Con relación al encabezado publicado en la primera plana de su prestigiado diario el 4 de septiembre, y a la nota firmada por Gustavo Castillo García, en la que se afirma que 93 por ciento del personal sustantivo de la PGR carece de confiabilidad, se observa falta de precisión en el manejo de los documentos públicos, así como una lectura superficial de los mismos, lo que convierte a su nota en poco seria y le resta validez a los análisis ofrecidos por su prestigiado diario a la opinión pública, por lo que me permito hacer las siguientes precisiones.

Existe una distorsión de la información, al publicarse una afirmación tan contundente en primera plana, ya que es una interpretación personal del Informe de Labores 1998-1999 de la PGR, en el que se dan a conocer los resultados obtenidos por la institución durante el periodo comprendido entre el 1o. de septiembre de 1998 y el 31 de agosto de 1999.

En el capítulo correspondiente al Centro de Control de Confianza (CCC) se señala que se evaluó a 3 mil 161 servidores públicos adscritos a diversas áreas de la institución. Los resultados de estas evaluaciones arrojaron que: 209 personas (6.6 por ciento del total de evaluados) resultaron aprobados; un mil 427 (45.1 por ciento) fueron aprobadas con reserva; 839 (26.5 por ciento) resultaron no aprobadas; 188 (5.9 por ciento) causaron baja por diversos motivos y, por lo tanto, ni siquiera concluyeron la evaluación, mientras que 498 (15.8 por ciento) estaban en proceso de evaluación al cierre del informe (agosto de 1999).

De tales resultados, el reportero erróneamente da a entender que ese número de evaluaciones realizadas por el CCC constituye la totalidad del personal "clave" de la PGR. Asimismo, infiere que sólo los 209 que se reportan en la categoría como aprobados son confiables, sin mencionar que un mil 427 servidores públicos también son considerados como confiables, de acuerdo con los parámetros técnicos de la evaluación, toda vez que aprobaron con reservas.

El CCC es una unidad especializada para evaluar exclusivamente la confiabillidad del personal -no así los aspectos de "legalidad, honradez, eficiencia, profesionalismo, lealtad e imparcialidad", como señala el autor de la nota-, lo cual lleva a cabo a través de cinco exámenes diferentes (médico, sicológico, toxicológico, poligráfico y de entorno económico y situación patrimonial), calificando a cada servidor público conforme a sus resultados como aprobado si obtuvo calificaciones de excelencia en los cinco exámenes que le fueron practicados: aprobado con reservas si, habiendo aprobado los cinco exámenes, no en todos obtuvo calificación de excelencia (de cualquier manera se le considera confiable para el cumplimiento de sus funciones); o bien, no aprobado si no aprobó uno o más de los cinco exámenes que se les practicaron, por lo que se le considera como no confiable y, como consecuencia, se le inicia el proceso administrativo de separación de la institución.

Habrá que concluir que el señor Castillo, al considerar como no confiable sin ningún fundamento técnico, tanto al personal aprobado con reservas como al que había causado baja y al que aún se encontraba en proceso de evaluación, faltó a la verdad.

En lo que se refiere al resto de la nota, es conveniente precisar que el autor admite haber consultado tres documentos distintos para comparar aparentemente los mismos conceptos: éstos son el Informe de Labores 1998-1999 de la PGR, cuyo periodo de referencia abarca de septiembre de 1998 a agosto de 1999; la Cédula de registro de experiencias relevantes en materia de modernización y desarrollo administrativo, cuyo contenido son las evaluaciones efectuadas en el segundo semestre de 1998 en comparación con las realizadas durante el primer semestre de 1999, así como el Anexo Estadístico del sexto Informe de Gobierno, con datos, al menos los referidos por el periodista, para el periodo enero-diciembre de 1999.

Como se puede observar, cada documento establece explícitamente sus periodicidades, cuestión que el señor Castillo no tomó en cuenta. Por otra parte, el periodista desconoce totalmente la PGR, en particular los diversos y múltiples esfuerzos realizados en materia de dignificación del personal, tales como la evaluación de confiabilidad que realiza el CCC y la evaluación del desempeño, a cargo de la Contraloría Interna, que mide otros aspectos, por lo que es distinta a la aplicada por el Centro de CCC. De igual forma, confunde personal a evaluar con números de evaluaciones, personal sustantivo o áreas sustantivas, con áreas sutanciales.

Lic. Eduardo López Figueroa, Contralor interno

Respuesta del reportero

Señora directora: Sobre las precisiones que envió el contralor interno de la PGR deseo expresar que en ningún momento la nota establece que los 3 mil 161 funcionarios en cuestión sean la totalidad del personal de la PGR. Tampoco hubo "distorsión de la información", como lo asegura el contralor. Los datos publicados están contenidos en el Informe de Labores 1998-1999 del procurador Jorge Madrazo, documento que, por cierto, ya fue retirado de la página de Internet de la PGR y no es posible consultarlo más.

El funcionario habla de dos evaluaciones distintas. Así aparecen en la nota. Estas no se mezclan, como asegura ocurrió.

En su texto nunca señala cuál fue el número total de Ministerios Públicos, peritos, agentes de la Judicial Federal en 99, que fueron datos que también se pretendió obtener desde hace un mes, cuando se solicitó oficialmente información y no se recibió respuesta. ƑDónde está el manejo descuidado de la estadística?

En la página 22 del Informe 1998-1999 del procurador se da una cifra del número de agentes del MP, peritos y agentes. En la página 54 de las evaluaciones otra distinta. En ese mismo informe se da el referente de que se evaluaron sicológicamente a 5 mil 241 servidores públicos se entregaron 5 mil 416 constancias.

Gustavo Castillo

Precisiones del ISSSTE a Julio Hernández López

Señora directora: Deseo precisar y ampliar la información publicada el día 5 de septiembre por el señor Julio Hernández en su columna Astillero.

La prestación a la que se refiere el columnista no es nueva, no responde a una decisión personal, ni está vinculada al fin de la presente administración; tiene más de 11 años de aplicarse. Su autorización fue otorgada por la entonces SPP. En contraparte, no se autoriza, desde entonces, la adquisición de vehículos con fines administrativos al instituto. Por ende, la adquisición de los vehículos está orientada a dotar de medios de movilización terrestre a los servidores públicos para el desempeño de sus funciones.

Las características de dicho programa son las siguientes: se otorga un crédito individual para la adquisición de un vehículo, por un promedio de 55 mil pesos, con un interés mensual. Las operaciones se formalizan mediante la firma de un contrato con garantía prendaria y a través de un pagaré suscrito por el beneficiario del crédito y a favor del ISSSTE. El plazo de recuperación de dichos créditos es de 24 meses. Cada año se otorgan hasta cien créditos a diversos servidores públicos, aplicando estrictamente la normatividad en la materia.

La publicación en el Diario Oficial de la Federación de los Manuales de Procedimientos citada por el columnista corresponde, en consecuencia, a la actualización de las normas administrativas internas que regulan el otorgamiento de la prestación en comento, siguiendo la recomendación del órgano interno de control del instituto, con la finalidad de transparentar su aplicación y propiciar una adecuada recuperación de los montos de los créditos derivados de dicha prestación, con independencia de que sean servidores o ex servidores públicos del instituto.

Atentamente
Lic. Roberto Femat Ramírez, coordinador general de Comunicación Social

Respuesta del autor de Astillero

Señora directora: La carta del coordinador de Comunicación Social del ISSSTE efectivamente "precisa y amplía" lo escrito en Astillero el pasado 5 y que aquí se repite: "En el ISSSTE no habrá dinero para atender bien a los enfermos, equipar adecuadamente los hospitales, comprar suficientes medicinas o pagar buenas jubilaciones, pero Ƒqué tal para financiarle a la alta y a la mediana burocracias la compra de automóviles nuevos?". No es necesario decir más.

Julio Hernández López