NARCOTRAFICO: EL TAMAÑO DEL INFIERNO
La confirmación de la investigación judicial por presuntos nexos con el narcotráfico de los generales retirados Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quiroz Hermosillo, así como la información de que ambos se encuentran bajo arresto militar, formuladas ambas ayer por el procurador de Justicia Militar, general Rafael Macedo de la Concha, constituyen un dato alarmante sobre la extensión y la altura que ha logrado la infiltración de las mafias de la droga en las estructuras -civiles y militares- del Estado, y permite explicar el grado de impunidad con que esas corporaciones delictivas se desenvuelven en el territorio nacional.
Los dos militares ahora consignados tienen trayectorias parecidas: ambos participaron en tareas de contrainsurgencia, a fines de los años sesenta y principios de los setenta, en Guerrero; los dos se desempeñaron como comandantes de la Policía Judicial Militar y en la extinta Dirección Federal de Seguridad; ambos fueron encargados de importantes responsabilidades en materia de seguridad nacional, inteligencia militar y, paradójicamente, combate al narcotráfico. Quiroz Carrillo tuvo a su cargo la comandancia de una zona militar, en tanto que Acosta Chaparro estuvo un tiempo asignado a Chiapas, en el marco de la ocupación militar realizada en esa entidad tras el alzamiento zapatista del 1 de enero de 1994.
Se trata, en suma, de dos cuadros militares que tuvieron acceso a información estratégica confidencial e invaluable, parte de la cual pudo llegar, por medio de ellos, al cártel del extinto Amado Carrillo. Asimismo, la jerarquía y el nivel de los imputados pudo permitirles otorgar al capo, durante un tiempo aún no precisado, de cobertura y protección casi ilimitadas.
Además de constituir un escalofriante dato adicional sobre el poder de penetración del narco en niveles muy altos del poder público, la consignación de ambos generales es una confirmación de los peligros que implica el involucrar a las fuerzas armadas en el combate al tráfico de drogas, peligros que han sido insistentemente señalados por voces muy diversas del escenario nacional a lo largo de la última década.
En términos más amplios, esta amarga noticia debiera ser tomada como una prueba más -contundente, sin duda- del fracaso de la política antidrogas vigente en este y otros países; mientras más se persigue al narcotráfico, más se encarecen en el mercado negro las sustancias prohibidas, los márgenes de ganancia de los cárteles se incrementan y, con ello, disponen de recursos siempre crecientes, y prácticamente ilimitados, para comprar la complicidad de altos funcionarios civiles y militares encargados de perseguirlos.
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