ABORTO: SALDOS POSITIVOS DEL DEBATE

Ayer el gobernador de Guanajuato, Ramón Martín Huerta, anunció su decisión de vetar las bárbaras modificaciones a las leyes del estado aprobadas por los diputados locales panistas, reformas que establecían sanciones penales para el aborto en cualquier circunstancia. La implicación más atroz de las medidas votadas por los legisladores panistas habría sido la imposición de penas de cárcel a mujeres que decidieran interrumpir el embarazo producto de una violación. La decisión del mandatario estatal -dada a conocer tras la realización de una consulta- pone de manifiesto la falta de respaldo entre la población al desatino referido, y pone el punto final a la tentativa de imponer al conjunto de la sociedad actitudes que corresponden a la moral personal de algunos.

Paradójicamente, y sin proponérselo, los diputados blanquiazules de Guanajuato, al votar la penalización absoluta del aborto, pusieron sobre la mesa el tema y le hicieron un gran favor a la causa de las libertades, los derechos individuales y la tolerancia. En el curso de la intensa discusión nacional abierta por ellos, se pusieron de manifiesto datos fundamentales de los que el país no necesariamente tenía conciencia, y se tocó a fondo un terreno hasta entonces no explorado del sentir nacional: en el tema del aborto, el régimen priísta eludió por décadas la falta de un consenso nacional mediante el inmovilismo legislativo y la simulación, y a la postre ha resultado positivo destapar el debate.

Por principio de cuentas, seguimos sin saber si la sociedad está preparada para una despenalización generalizada del aborto, pero quedó meridianamente claro que la mayoría de la población rechaza la penalización absoluta y sus implicaciones totalitarias contra los derechos de las mujeres.

Asimismo, en el marco del debate, se concretó un avance significativo en el Distrito Federal en la despenalización relativa del aborto, esto es, cuando el producto presente malformaciones, cuando esté en riesgo la vida de la madre o en embarazos producidos por violación.

Un tercer dato insoslayable es la madurez de una ciudadanía que, siendo mayoritariamente católica, tiene la sensatez y el civismo como para respaldar la separación entre la Iglesia y el Estado, y que ha dejado solos a los sectores del integrismo antiabortista, reducidos a algunos obispos vociferantes y al grupúsculo de fanáticos de Pro Vida, ambos aferrados, a falta de argumentos, a un alegato incierto y bizantino sobre la presunta condición de personas de los embriones fecundados.

Por último, el episodio ha permitido constatar que el triunfo de Vicente Fox en las elecciones presidenciales del 2 de julio no debe confundirse con un cheque en blanco de la sociedad a favor de la mojigatería, el fundamentalismo clerical, la misoginia o el totalitarismo moral.

Quienes porfíen en percibir de esa manera el mandato ciudadano del 2 de julio, se llevarán nuevas sorpresas desagradables.