UN CRIMINAL ENCABEZO EL RENAVE

La detención del ciudadano argentino Ricardo Miguel (o Miguel Angel) Cavallo, torturador, homicida y ladrón de coches, hasta ayer director general del Registro Nacional de Vehículos (Renave) de nuestro país, defendido contra viento y marea por el aún secretario de Comercio, Herminio Blanco, es un hecho de significaciones múltiples que involucran a tres países: México, Argentina y España, en donde el celebre juez Baltazar Garzón le inició un proceso por los crímenes que cometió durante la dictadura militar en la segunda de esas naciones.

Lo que constituye, a todas luces, el desenmascaramiento y la captura de un criminal de guerra es motivo de júbilo y esperanza, por cuanto representa un paso fundamental en la procuración de justicia contra los genocidas que, en los setenta, sumieron al Cono Sur en un largo periodo de terror y sangre, y porque es un triunfo de la legalidad internacional en la misma lógica que el arresto de Pinochet en Londres y de las acciones contra los criminales de guerra serbios.

El hecho es alentador también en la medida en que la detención de Cavallo, ayer, en Cancún, y su inmediato traslado a esta capital, podrían ser la punta de la madeja para poner al descubierto una mafia internacional dedicada al tráfico de vehículos robados. Cabe recordar al respecto, que Talsud, la corporación transnacional concesionaria del Renave, opera servicios similares en El Salvador y Guatemala, adonde va a parar una parte de los vehículos robados en México, y que fue el propio Cavallo quien instrumentó las operaciones de la empresa en esos países.

Pero, al mismo tiempo, la revelación de los antecedentes criminales de Cavallo constituye una enorme vergüenza para las autoridades mexicanas que, en forma por demás irresponsable, dejaron en manos de semejante criminal -expertas en atormentar y asesinar prisioneros inermes, falsificar documentos y, paradójicamente, robar automóviles- la dirección de un servicio concesionado de registro de vehículos, cuya imposición, independientemente de quien lo dirigiera, suscitó la indignación y el rechazo de la ciudadanía y de gobiernos estatales, muy señaladamente el del Distrito Federal.

En el colmo del descaro, las autoridades de la Secofi y los ejecutivos del propio Renave -Cavallo incluido- acusaron a los detractores del proyecto de servir a los intereses de la delincuencia organizada, cuando ésta, según los indicios ahora disponibles, se había colocado nada menos que en la dirección de la concesionaria.

El empecinamiento de Herminio Blanco en preservar la concesión para el registro de vehículos ha llegado a extremos difícilmente superables, hasta el punto que ayer, cuando eran públicos los abrumadores elementos de identificación de Cavallo como asesino, torturador y ladrón, persistía en descalificar tales informaciones y sugería que el desenmascaramiento obedecía a intereses delictivos.

La irresponsabilidad y la terquedad -por decir lo menos- del titular de la Secofi han tenido consecuencias nefastas: agravió a la ciudadanía, generó un conflicto político innecesario, permitió que un presunto criminal reclamado por la justicia se hiciera cargo de documentar miles de vehículos y colocó al gobierno mexicano en una situación internacional por demás incómoda.

La más elemental decencia en el ejercicio del poder público obligaría a la destitución del funcionario referido -quien, hasta el cierre de esta edición no parecía haberse enterado del significado de la palabra ''renuncia''- y al esclarecimiento de posibles responsabilidades penales en la concesión del Renave, el cual, en su forma actual, puede considerarse ya un completo fracaso político, digan lo que digan los voceros de la Secofi y de la empresa misma, la cual, por cierto, debe ser investigada por las autoridades policiales de varios países.

Por lo que hace a Cavallo, cabe esperar que sea llevado ante el juez Garzón y que sea sancionado conforme a derecho por crímenes que ofenden a la humanidad entera.