FALLO HISTORICO

De acuerdo con información obtenida por este diario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenará hoy al presidente Ernesto Zedillo que el Ejecutivo federal entregue a la Cámara de Diputados información crucial sobre los fideicomisos del intervenido Banco Unión -ex propiedad de Carlos Cabal Peniche-, información que la Presidencia, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores escamotearon sistemáticamente tanto a los legisladores como al auditor nombrado por éstos, Michael Mackey, con el insostenible pretexto de que entregarla violaría el principio del secreto bancario.

El inminente fallo reviste gran importancia por diversas razones: es la primera ocasión en que el máximo tribunal del país dirime y resuelve un conflicto de facultades entre el Ejecutivo y el Legislativo; por otra parte, restituye al segundo las atribuciones, la dignidad y la autonomía que le negaron, por décadas, las mayorías absolutas priístas, sumisas a la voluntad presidencial; adicionalmente, el cumplimiento de la orden referida permitirá por fin a los diputados esclarecer, así sea parcialmente, las sospechas clamorosas sobre la operación del Fobaproa y los indicios de que en éste -convertido en Instituto Bancario de protección al Ahorro (IPAB), merced a una maniobra parlamentaria conjunta del PRI y el PAN- se cometieron irregularidades, abusos, inmoralidades y, probablemente, delitos.

La obligada entrega de la información sobre los fideicomisos del Banco Unión que terminaron en la "panza" del Fobaproa, permitirá confirmar o desechar la idea generalizada de que el gobierno federal negó sistemáticamente los datos no con el ánimo de preservar el secreto bancario, sino con el propósito de ocultar la participación indebida o ilegal de Carlos Cabal Peniche -por medio de los fideicomisos cuya documentación debe ser ahora entregada a los legisladores-- en el financiamiento, en 1994, de varias campañas electorales priístas: la de Luis Donaldo Colosio, la del propio Zedillo, la de Roberto Madrazo, así como el endoso de las deudas resultantes -vía el Fobaproa y el IPAB- a los bolsillos de los contribuyentes.

Ciertamente, el fallo de la SCJN y su debido cumplimiento por el Ejecutivo federal ocurren una vez que se han minimizado los efectos políticos que podría tener la confirmación de las sospechas referidas, toda vez que el Partido Revolucionario Institucional ya fue desalojado del poder central por la ciudadanía. En esta lógica, si la entrega a los diputados de la información sobre los fideicomisos de Banco Unión revela maniobras ilegales o abiertamente inmorales entre Cabal y el partido tricolor, se trataría, en gran medida, de un escándalo póstumo.

Con todo, la resolución de la Suprema Corte de Justicia permitirá avanzar en el pleno esclarecimiento de lo ocurrido tras las bambalinas del Fobaproa, el cual sigue siendo una exigencia nacional ineludible. Si el saqueo que constituyó el rescate bancario es ya irreversible en lo económico, hechos como el comentado contribuyen, al menos, a impedir que se repita en el país un operativo tan impúdico y agraviante.