FACILITADOR DE LA PAZ

La victoria electoral de Pablo Salazar Mendiguchía el domingo pasado en Chiapas tiene implicaciones que hacen pertinente insistir en este tema de reflexión y procurar que la entidad del sureste vuelva a colocarse entre las prioridades de la agenda nacional, ciertamente disputadas por asuntos emergentes en la novedosa sucesión presidencial por la que transita el país. El propio candidato opositor triunfante da pie para ello en entrevista con este diario, en la cual señala importantes significaciones de lo que será el primer Ejecutivo estatal no priísta.

Es destacable, para empezar, la observación de Salazar Mendiguchía en el sentido de que su triunfo en las urnas no fue sólo una derrota para el PRI chiapaneco, sino también para el grupo regional de gobernadores de ese partido, encabezado por el tabasqueño Roberto Madrazo. En esa perspectiva, la pérdida de Chiapas se traduce en una notoria disminución de las posibilidades de tal grupo para hacerse, como ha sido su pretensión, del control del que hasta el pasado 2 de julio fue partido oficial. Ello, a su vez, fortalece las tendencias democratizadoras que recorren el país y la región.

Entre los propósitos de gobierno del aún senador de la República destacan el de buscar, mediante la negociación y la construcción de consensos, la elaboración de una nueva Constitución para el estado y la reversión de las reformas legales que emprendió el actual encargado de la gubernatura, Roberto Albores, en un empeño por "vaciar de contenido" los incumplidos acuerdos de San Andrés.

Resulta fundamental el rechazo de Salazar Mendiguchía a adoptar una política de "borrón y cuenta nueva". Su promesa de impedir la impunidad cobra especial importancia si se considera que sucederá a una administración estatal que se ha ganado la imagen pública de corrupta, represiva y delictiva.

Las consideraciones del candidato triunfante sobre la reactivación del proceso de paz entre las autoridades y el EZLN son, con todo, las que mayor interés despertarán en amplios sectores de la sociedad. A este respecto, es fundamental para las perspectivas de esa gestión que Salazar Mendiguchía enfatice lo que los dos últimos gobiernos federales se han empeñado en negar o minimizar: el carácter nacional del conflicto y, en consecuencia, la consideración de que el interlocutor de los indígenas rebeldes ha de ser, necesariamente, el gobierno federal. En ese escenario, el próximo gobernador chiapaneco se sitúa en un papel no protagónico de "facilitador de la paz" para el cual está, sin duda, capacitado, habida cuenta de su activa participación en la Cocopa y de su probado compromiso en la búsqueda de una solución justa y digna a la oprobiosa situación de las comunidades indígenas de la entidad.