AUTORIDAD ELECTORAL Y SOCIEDAD CIVIL, CLAVES

Hoy, antes de saber qué sucederá en Chiapas, esa entidad enfrenta una encrucijada: repetir localmente el ejercicio democrático del 2 de julio, comenzando un cambio y una transición que afecten decididamente la dictadura de los terratenientes locales, entrelazada con poderosos intereses internacionales y nacionales y respaldada por las guardias blancas y los grupos paramilitares y una ocupación castrense que anula las libertades de los chiapanecos, especialmente de los indígenas, o soportar una nueva violación al sufragio y la instauración de la violencia.

La clave de la situación está en manos de la sociedad civil y de las autoridades electorales, que, vigilantes, deberán hacer respetar la legalidad, evitar todo intento de fraude o de anular por la fuerza las elecciones, lo cual motivaría un nuevo interinato del interino del interino del interino y así sucesivamente. Incluso en el caso de violencias localizadas, allí donde los paramilitares tienen fuerza, son las autoridades electorales las que deben validar los resultados generales.

Hoy la comunidad nacional e internacional sigue atenta el proceso chiapaneco como primera muestra de los resultados del terremoto político del 2 de julio. No respetar el sufragio ciudadano tendría fuertes efectos sobre la naciente imagen de limpieza en los procesos electorales mexicanos.

Las declaraciones de personajes ligados al gobierno de Albores sobre la posibilidad de violencias perpetradas por muy improbables estudiantes de la UNAM o la censura impuesta ayer por dicho gobierno contra los diarios nacionales que desenmascaran o denuncian esas maniobras, son sumamente preocupantes y refuerzan la exigencia de firmeza, serenidad, respeto por la legalidad y por los derechos de los ciudadanos chiapanecos que formula la sociedad mexicana a las autoridades electorales. Sobre éstas, en efecto, están fijos los ojos del país y de todos los amantes, en todo el mundo, de la justicia y de la democracia.

Esperamos que este 20 de agosto se repitan, en Chiapas, las premisas de legalidad, respeto al voto y no violencia que caracterizaron el proceso comicial del pasado 2 de julio, para bien de México y de la democracia.