UNA PROPUESTA PERTINENTE

La propuesta formulada ayer por José Luis Reyes y Francisco Molina, coordinadores de Justicia y Seguridad del equipo de transición de Vicente Fox, en el sentido de desligar gradualmente a las fuerzas armadas de las tareas policiacas y de lucha antidrogas que actualmente desempeñan, constituye un indicador auspicioso que podría revertir una medida que ha demostrado ser no sólo controvertida sino altamente riesgosa.

La participación de militares en asuntos que corresponden a la esfera civil fue una determinación severamente cuestionada desde el momento mismo en que se planteó y comenzó su aplicación, tanto en lo relacionado con la intervención del Ejército y la Armada en operativos contra el narcotráfico como en la creación de la Policía Federal Preventiva. En su momento, numerosas voces de los ámbitos jurídicos, políticos y sociales alertaron sobre la posibilidad de que, al permitir que efectivos y mandos castrenses asumieran responsabilidades que corresponden a las instituciones civiles de procuración de justicia y seguridad pública, se estuviera vulnerando el artículo 129 constitucional que señala que ''en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar''.

Además, como se comprobó con la detención del general Jesús Gutiérrez Rebollo y otros oficiales acusados de complicidad con bandas de narcotraficantes, el involucramiento de las fuerzas armadas en operaciones de control del tráfico de drogas introdujo severos e indeseables riesgos de contaminación criminal en los cuerpos militares. Por otra parte, no debe olvidarse que, en numerosas ocasiones, la militarización de las tareas de seguridad pública ha sido causa de irritación e intranquilidad entre la ciudadanía, amén de que, a ciencia cierta, no queda claro en qué medida la participación castrense en estos asuntos -que en numerosos casos no ha sido sino un paliativo a la descomposición que agobia a las policías tanto federales como locales- ha contribuido a reducir los índices de criminalidad en el país.

Finalmente, cabe señalar que la desmilitarización de los cuerpos policiacos -una medida pertinente y necesaria que deberá ser emprendida de manera cuidadosa y ordenada- debe ser acompañada de una profunda restructuración, profesionalización y moralización de las policías, a fin de que éstas sean verdaderamente capaces de cumplir sus responsabilidades de manera expedita, competente, respetuosa de los derechos humanos y con estricto apego a derecho.