Las viejas y conocidas diferencias entre el gobernador oaxaqueño, José Murat, y su antecesor en el cargo, el actual secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, parecen haber rebrotado con virulencia inédita, tras la denuncia presentada anteayer por el mandatario estatal en torno al hallazgo de equipos de espionaje en su casa y en su oficina, y su señalamiento de que tres funcionarios de la Segob pudieran estar implicados en la colocación de tales aparatos: Francisco Eduardo de la Vega, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Seguridad Pública; José Trinidad Rodríguez Ballesteros, inspector de la Policía Federal Preventiva, y Olaf Iván Corro Labra, coordinador regional del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los cuales fueron colaboradores del gobierno estatal de Carrasco. Adicionalmente, Murat informó que él y otros miembros de su familia han sido objeto de amenazas de muerte y hostigamientos policiales y sugirió que tales hechos podrían ser una respuesta a sus posiciones críticas dentro del PRI.

Unas horas más tarde, los tres funcionarios señalados por el gobernador presentaron ante la Procuraduría General de la República una denuncia penal contra Murat por haber intentado "desprestigiarlos" y "afectar su honor, su situación pública y privada". Los querellantes afirmaron que el propio Murat solicitó la intervención del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para que revisara su oficina, y opinaron que sólo alguien cercano al actual gobernador oaxaqueño pudo haber colocado los micrófonos referidos.

Tal grado de confrontación entre un gobierno estatal priísta y la Segob es una consecuencia inequívoca del relajamiento de la disciplina partidaria en las filas del partido tricolor y por el desvanecimiento de la tradicional ųy, a lo que puede verse, extintaų autoridad presidencial y la capacidad del Ejecutivo Federal para arbitrar en las disputas entre grupos rivales del sistema político. Desde el 3 de julio pasado, los vacíos de poder correspondientes se han traducido en una pugna desembozada por el control del que fue, hasta un día antes, invicto partido del gobierno, en donde los debates y hasta las diatribas se han vuelto cosa de todos los días.

Tales hechos pueden resultar novedosos y hasta escandalosos sólo porque la sociedad no los había presenciado casi nunca. Pero, si se analiza con detenimiento, es inevitable concluir que la anomalía cívica era más bien la disciplina partidista llevada hasta la abyección, traducida en un voto de silencio que impedía a los priístas verbalizar sus diferencias y las convertía en intrigas soterradas y complots palaciegos. Por esas vías, cabe recordar, se llegó a los asesinatos políticos de 1994. El que ahora las confrontaciones salgan a la luz en forma de debates o que se canalicen por vías judiciales ųcomo es el caso del gobernador Murat y de los referidos funcionarios de la Segobų es, con todo, menos peligroso y desestabilizador, siempre y cuando los implicados tengan muy presente en la memoria los sucesos cruentos del último año del gobierno salinista y mantengan sus diferendos en los estrictos márgenes de la legalidad.