EL ESTADO Y LA RELIGION

El Estado, que pertenece a todos, no puede identificarse con un grupo político, económico o religioso sin ejercer violencia contra los derechos de los demás ciudadanos que a ese grupo no pertenecen.

Por eso debe ser laico y debe relegar la religión al fuero interno de cada ciudadano, y por eso también la enseñanza de la ética no debe identificarse con la moral de religión alguna. El derecho a la libertad religiosa, en efecto, debe valer para todas las religiones y para los no religiosos, y el derecho a la enseñanza de todas las religiones debe garantizar a los fieles de éstas que, con sus propios recursos y separada de la enseñanza pública, gratuita y obligatoria, financien, si lo desean, una educación complementaria para sus propios hijos, enseñándoles su fe en las sinagogas, mezquitas, parroquias o en los templos o escuelas religiosas mantenidos por las respectivas comunidades de fieles.

El Estado, en cambio, en sus aulas debe enseñar la historia de todas las religiones y del pensamiento religioso en las horas dedicadas a la historia y a la sociología, y debe fomentar una visión laica, no sectaria, pluralista y científica de los fenómenos culturales como los religiosos. La arquidiócesis católica de México, desgraciadamente, pugna por retroceder la política educativa estatal a tiempos anteriores de la Reforma porque, en primer lugar, considera sinónimos la ética y la moral cristianas; después, identifica el derecho a la libertad religiosa con la enseñanza de la religión católica pagada por el Estado (es decir, por todos, católicos o no) y, por último, condena en las escuelas católicas "el privilegiar o absolutizar los métodos o técnicas pedagógicas" que, según ella, "derivan en una crisis de valores que llevan (sic) al liberalismo moral".

De esa prosa tan contorcida como el pensamiento que intenta encubrir, se deduce en efecto que la misma escuela católica debe ser preconciliar, y debe basarse esencial- mente en la oración y la obediencia, como sucedía en las escuelas franquistas en la España en la que la Iglesia católica era el pilar ideológico de una dictadura. La arquidiócesis católica, por consiguiente, no sólo quiere forzar la Constitución y obligar a la sociedad toda a sufragar sus gastos y su tarea propagandística, sino que también espera ajustar cuentas con algunos centros privados y católicos de instrucción que escapan a su conservadurismo añejo.

Evidentemente, no le basta con los espacios concedidos ya por los gobiernos del PRI, que fingieron ignorar la difusión de la enseñanza católica y la financiaron y que, por último, modificaron la Constitución para abrirle a la representación disciplinada de una monarquía absoluta, de un Estado (el Vaticano), espacios privilegiados en la vida económica, política y cultural del país (de los cuales, por otra parte, carecen las demás religiones).

No es posible pretender ahora nuevos privilegios para la burocracia más antigua y potente del mundo, y reducir el pluralismo ideológico que tiene, en la separación entre la Iglesia y el Estado y en el laicismo de la educación pública, su mejor expresión.