ESPINOSA E IPAB: DOS IMPUNIDADES

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión vivió ayer una jornada doblemente vergonzosa. Por una parte, la mayoría priísta de esa instancia legislativa rechazó la demanda para convocar a un periodo extraordinario de sesiones a fin de decidir sobre el desafuero del secretario de Turismo, Oscar Espinosa Villarreal, acusado de malversar 420 millones de pesos cuando fue titular del Departamento del Distrito Federal. Los nueve representantes panistas en la Permanente, por su parte, tomando como pretexto esa negativa injustificable e inmoral, abandonaron la sesión y dejaron en suspenso, así, la discusión sobre los procedimientos que deben seguirse para decidir las próximas acciones de esclarecimiento, por parte del Legislativo, de las turbiedades del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y su sucesor, el Instituto Bancario de Protección al Ahorro (IPAB).

La determinación priísta de proteger contra viento y marea a Espinosa Villarreal de un proceso legal por el presunto peculado cometido durante su gestión como último regente de la ciudad de México, no hace sino multiplicar las sospechas en torno al funcionario.

En efecto, si éste fuera inocente, no tendría por qué haber motivo para una oposición tan férrea a que su situación se esclarezca en un juicio apegado a derecho.

Cabe preguntarse en qué se diferencia el ''nuevo PRI'' que se ha pretendido presentar al electorado en el curso de la actual campaña, con un escamoteo de la acción de la justicia como el perpetrado ayer en la Permanente, con la red de complicidades que ha sido la columna vertebral del PRI de siempre.

Es inocultable que el partido de Espinosa habrá de pagar un costo político inexorable por una maniobra que tiene toda la apariencia de un operativo de encubrimiento de la corrupción, y no debe descartarse que el electorado presente al partido gubernamental la factura correspondiente en los comicios del domingo próximo.

Los panistas, por su parte, con el pretexto de su ''indignación'' ante la negativa de los priístas a permitir la continuación del trámite para despojar a Espinosa de su inmunidad, que le otorga el ser miembro del gabinete presidencial, eludieron la discusión sobre el Fobaproa-IPAB. Con ello, los legisladores blanquiazules persistieron en su actitud tradicional de solapar, a la zaga del PRI, el cúmulo de presuntas irregularidades cometidas en el curso del operativo de rescate bancario. Es difícil no relacionar esta postura de los panistas con los señalamientos sobre posibles vínculos de familiares de varios de sus dirigentes y de su candidato presidencial, Vicente Fox, con la lista de operaciones ''reportables'' del Fobaproa.

En suma, tanto el PRI como el PAN se presentan, en vísperas de la elección del 2 de julio, como agrupaciones encubridoras de supuestos actos ilícitos de sus militantes, y aliadas en el empeño de mantener oculta la vasta corrupción que parece esconderse en el Fobaproa-IPAB. Tal escenario descalifica tanto los propósitos de combatir la corrupción de los candidatos del tricolor como las perspectivas de alternancia que pregonan los blanquiazules. Puede ser que esas consideraciones no pasen inadvertidas para el electorado.