ESPINOSA, HACIA EL DESAFUERO

Tras analizar las pruebas sobre el presunto peculado por 420 millones de pesos cometido por el ex regente Oscar Espinosa Villarreal, aportadas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la comisión de la sección instructora de la Cámara de Diputados aprobó, por mayoría de votos, el dictamen para que el acusado sea despojado de la inmunidad que le otorga su pertenencia al gabinete presidencial. Con ello, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión deberá convocar a una sesión plenaria extraordinaria en la que la Cámara de Diputados, erigida en jurado de procedencia, habrá de aprobar o rechazar el dictamen correspondiente. En el primer caso, Espinosa perderá su fuero de manera inmediata.

Hasta el punto al que ha llegado, el trámite constituye un episodio ejemplar y sin precedentes de procuración de justicia, combate a la corrupción y separación de poderes. Por su sentido y su significación, cabe esperar que la pesquisa prospere y llegue al esclarecimiento judicial ordinario del presunto delito de Espinosa. Si ello se consigue, la cultura cívica, la legalidad y el espíritu republicano del país saldrán fortalecidos, y el sospechoso estará en condiciones de demostrar la inocencia que alega y hasta despejar, de una vez por todas, la fama pública de corrupta que ha quedado asociada a la última regencia en la historia de la ciudad capital.

Lamentablemente, el propio Espinosa ha venido obstaculizando esta perspectiva al aferrarse a una inmunidad que, por esa sola actitud, parece más bien patente de impunidad. En reacción a la decisión legislativa de antier, el ex regente anunció que emprenderá diversas acciones legales para evitar ser llevado ante un tribunal y hasta para afectar a los diputados que votaron su desafuero y a las autoridades capitalinas que investigan las cuentas oscuras de su administración -mediante una demanda de juicio político y acciones penales-, en lo que da la impresión de ser expresión de un simple designio de venganza.

Pero la obstinación del funcionario en aferrarse a la protección legal que le brinda su condición de secretario de Turismo, lejos de desvanecer las sospechas sobre su persona, las multiplica, y las extiende al conjunto del gobierno federal, pues hacen pensar, de manera inevitable, que acaso respondan a un designio de encubrimiento.