ADICCIONES, AL ALZA

El incremento en el consumo de drogas en nuestro país ų40 por ciento en el último lustroų es un fenómeno alarmante en el que inciden numerosos factores y que demanda acciones en ámbitos diversos.

Ciertamente, un factor fundamental e indiscutible es el hecho de que el territorio nacional sea centro de operaciones y corredor de tránsito de las mafias que comercian con sustancias ilícitas, así como zona de producción de droga.

Esas mismas circunstancias explican la gran disponibilidad de enervantes ilegales en la nación, pero no bastan para generar, por sí solas, un aumento en el consumo. Este es reflejo, además, de una crisis en el tejido social y familiar, así como de carencias o debilidades del sistema educativo.

Por otra parte, el crecimiento en el uso de drogas entre la población nacional obliga a un cuestionamiento directo sobre la eficacia y pertinencia de la política antidrogas vigente, cuyo propósito final tendría que ser contrarrestar las adicciones.

Uno de los aspectos más preocupantes de las cifras divulgadas por los Centros de Integración Juvenil (CIJ) es la prevalencia de consumo de drogas entre los menores de 18 años (3.57 por ciento) y, para el sexo masculino, entre el grupo de edad siguiente, de 18 a 34 años (5.27 por ciento), edades entre las cuales culmina la formación educativa y tiene lugar la incorporación al trabajo productivo, y en las que los individuos constituyen nuevas familias. Cinco de cada 100 mexicanos están en riesgo de que se malogren esos tres momentos críticos de la vida debido al recurso a los enervantes.

La gravedad del problema justifica sobradamente la conversión del Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic) en una dependencia de mayor rango, con nivel de subsecretaría, pero tal medida no será suficiente, por sí misma, para enfrentar y contrarrestar la tendencia referida. Es necesario, además, replantear desde la base el asunto de los estupefacientes y revisar las acciones gubernamentales en los ámbitos de la educación y la prevención, el desarrollo social, la rehabilitación de los adictos y el combate al tráfico de drogas; ha de empezarse por aceptar la evidencia de que, en su conjunto, lo realizado hasta ahora no ha rendido los resultados necesarios; sobre esa base habrá que concebir una política de Estado integral y coordinada que atienda todos los aspectos del problema de los narcóticos.

La tarea referida corresponderá, en todo caso, al gobierno que surja de los comicios del próximo 2 de julio, y sería deseable que los candidatos y sus partidos presentaran, de aquí a entonces, propuestas generales que trasciendan el enfoque parcial del combate al narcotráfico. Más allá de ese tema, cuya importancia no está en duda, se requiere de una estrategia coherente y activa que permita remontar los efectos desastrosos de muchos años de inacción y desinterés en materia de política social.