Espejo en Estados Unidos
México, D.F. domingo 18 de junio de 2000
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Editorial

UN DELITO CONTRA NUESTRO FUTURO

SOL Las preocupaciones por la posibilidad de que disminuyan los fondos que los mexicanos emigrados envían a sus comunidades deberían asustar a todos. En efecto, ellas se acomodan sin más al hecho de que el país se haya convertido en exportador de seres humanos y creador de tragedias rurales en nuestro suelo y, en vez de pensar en cómo frenar las migraciones, sólo se inquietan por los flujos monetarios que las mismas originan o pueden dejar de originar. Esta idea del mercado de brazos, sangre, cerebros, sólo centrada en la monetarización de las desgracias humanas y del deterioro de los suelos y la producción nacionales, ve a los emigrantes como productores de remesas en divisas y revela una gran insensibilidad humana y social o, en muchos casos, incluso cinismo.

Por supuesto que muchas comunidades o muchas familias dependen fundamentalmente de las remesas de los emigrantes para sobrevivir y compensar el resultado de las desastrosas políticas oficiales agrícolas y rurales que han retirado el crédito a los campesinos y lo han sustituido con las limosnas del Procampo y el Progresa ųlas cuales ni siquiera llegan a todosų, que han eliminado los precios de sostén y los institutos encargados de defender los productos básicos, que han inundado el mercado de alimentos con importaciones subsidiadas en su país de origen, dejando fuera del mercado a los productores nacionales y agravando la pobreza de los campesinos obligados a comprar granos. Es cierto, igualmente, que la migración o la emigración "del otro lado" a riesgo de la propia vida se ha convertido en una estrategia de supervivencia para las familias campesinas, que eligen al más joven y mejor dotado para intentar la aventura, y reforzar así la desfalleciente producción de la unidad familiar o que, como en el caso de muchas comunidades indígenas, migran con toda su familia simplemente para buscar el sustento diario en el mercado de jornaleros agrícolas. Pero el hecho de que buena parte de los mexicanos de las zonas rurales ųhay siete millones de jornaleros agrícolasų deba resignarse a dejar sus tierras, o carezca de ellas, no indica satisfacción ante una situación terrible para ellos y para el país. En efecto, la migración de la parte más joven y productiva de la población rural afecta la producción y la productividad nacionales, pero sobre todo aumenta bruscamente la carga de miseria y de trabajo para los que se quedan, y deshace el tejido social, destruye culturas e identidades. Además, si en Estados Unidos los emigrantes obtienen por una hora de trabajo un salario superior al de ocho o diez horas en nuestro país, crecerá exponencialmente el número de quienes preferirán arriesgarse a morir en el cruce de la frontera para poder vivir de su trabajo en condiciones mejores y más dignas, y esa gente tratará de hacer emigrar a sus familiares y de instalarse en el país huésped, a cuyo desarrollo aportarán, en vez de construir aquí un futuro común. Lo mismo sucederá en el caso del abandono de las tierras para trabajar en una maquiladora norteña, inestable por definición y que paga salarios de sobrevivencia que no permiten el ahorro a sus trabajadores. De este modo, el campo se despuebla de jóvenes, y muchas veces de poblaciones enteras y, descuidado e improductivo, está expuesto a la pérdida de su valor y al deterioro ambiental, mientras enteras poblaciones languidecen por falta de brazos, y grandes culturas seculares dependen sólo de pocos puñados de ancianos.

Por lo tanto, no hay que ver sólo el peligro de la posible reducción de un ingreso proveniente del exterior, sino la magnitud de la tragedia humana de la emigración, de la pérdida de raíces nacionales y culturales, y las pérdidas de ingresos actuales y futuros a causa de la crisis del campo, que obliga a emigrar a los más capaces. Sobre todo, no hay que limitarse a deplorar las consecuencias del fenómeno ni la existencia misma de éste, sino que hay que proponer soluciones inmediatas, mediante un plan nacional que declare al campo y a sus habitantes en situación de emergencia, y permita la producción no sólo de alimentos, sino esencialmente de mexicanos.


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