PERU: ENTRE LA DICTADURA Y LA INJERENCIA

Tras la mascarada electoral del domingo pasado, mediante la cual Alberto Fujimori pretende imponerse como presidente por un tercer quinquenio, la sociedad peruana, y con ella el conjunto de las naciones latinoamericanas, enfrentan una difícil disyuntiva entre la democracia y la soberanía, valores que, en la circunstancia actual, han sido colocados en contraposición.

Por una parte, el fraude electoral en dos tiempos instrumentado a la vista de todo el mundo por el gobierno de Fujimori para perpetuarse en el poder resulta contrario a los principios democráticos que dicen propugnar los gobiernos del hemisferio, y en consecuencia sería bochornoso e incómodo para ellos invitar a sus encuentros al dictador civil peruano. Sin embargo, la falta de voluntad para actuar en el caso de ese país andino ha quedado de manifiesto en la sesión del Consejo Permanente de la OEA, el cual decidió turnar el caso a la Asamblea General del organismo, programada para el próximo fin de semana en Canadá.

La posición del gobierno mexicano ante el caso amerita un comentario aparte. Con motivo de la crisis política en Perú, el gobierno mexicano, por conducto de la representante ante la OEA, Claude Heller, y de la canciller Rosario Green, sacó a relucir el principio de No Intervención con una determinación que resulta extraña, luego de muchos años de desapego a esa y otras reglas tradicionales de la política exterior. Tras dos sexenios de actitudes claudicantes y de liquidación casi sistemática de los mecanismos de defensa de la soberanía nacional, esa súbita e inopinada pasión antiinjerencista ųa la que se sumó la representación venezolanaų da la apariencia de un ensayo de cura en salud ante la cercanía de las elecciones del 2 de julio, y resulta, por ello, preocupante.

En el escenario interno peruano, por otra parte, son muy escasas las posibilidades de que la ciudadanía pueda disponer de medios pacíficos para contrarrestar y anular este nuevo atropello de la institucionalidad democrática cometido por Fujimori, a menos que se piense en una insurrección general de consecuencias inciertas y dudosamente deseables. Merced a los manejos electorales fraudulentos, el congreso sigue controlado por el oficialismo, el Poder Judicial se mantiene firmemente unido al Ejecutivo y la represión política contra los opositores se incrementa día con día. En tales circunstancias, las principales expectativas de los peruanos democráticos están puestas en que la comunidad internacional adopte medidas de presión hacia Fujimori y lo orille a restaurar la institucionalidad democrática destruida. De manera inevitable, la concreción de tales expectativas tendría que pasar por acciones de corte intervencionista.

Pero esa perspectiva se aleja en forma perceptible y con consecuencias nefastas: por un lado, se deja solos a los ciudadanos peruanos que luchan por la restitución de sus derechos políticos; por la otra, se emite una señal que podría ser interpretada como propicia por parte de sectores que, en diversas naciones latinoamericanas, incluida la nuestra, se afanan con revertir los progresos democráticos logrados con tanto esfuerzo en la región en el curso de las últimas dos décadas del siglo XX.