EU: CONTRA LAS ARMAS DE FUEGO
En lo que constituyó una convergencia política un tanto desusada, decenas de miles de madres marcharon ayer en Washington, apoyadas desde la Casa Blanca por el presidente Bill Clinton y su esposa Hillary, para exigir al Capitolio que legisle restricciones a la venta y la posesión de armas de fuego en Estados Unidos. La manifestación --realizada en la fecha en que en el país vecino se festeja el Día de las Madres-- es significativa de la preocupación que impera en la sociedad estadunidense ante el siempre creciente armamentismo doméstico.
La existencia, en los hogares del país vecino, de cientos de millones de revólveres, escuadras, rifles, escopetas y hasta fusiles de asalto, no sólo no coloca a los ciudadanos en mejores condiciones para defenderse de la delincuencia sino que, por el contrario, en muchas ocasiones impulsa el tránsito de personas sin antecedentes penales al ámbito de la criminalidad: año con año, decenas de miles de estadunidenses "normales" acaban descargando su ira y sus frustraciones cotidianas mediante el acto irreflexivo de apretar el gatillo.
Sin duda, la consecuencia más alarmante del desaforado consumo de armas de fuego en Estados Unidos es que éstas, con frecuencia desoladora, caen en manos de menores de edad que lesionan o matan a otros niños o se hieren a sí mismos. La cara más impactante de este drama son las matanzas perpetradas por escolares en sus propios centros de estudios y que, periódicamente, estremecen a la opinión pública mundial.
Pero el armamentismo doméstico estadunidense, y la falta de control con la que puede adquirirse armas cortas y largas en el país vecino, constituyen, también, una amenaza para otras naciones, cuyas organizaciones delictivas --incluidas las que se dedican al narcotráfico-- se abastecen de armamento de manera fácil y masiva en ese gran mercado.
La derecha ultramontana de Estados Unidos ha sido siempre enemiga de una regulación estricta en la materia. Por medio de organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle y Hermanas de la Segunda Enmienda, cercanas al Partido Republicano, se ha abogado por la irrestricta posesión y tráfico de instrumentos de muerte con el argumento falaz de que tales actividades son parte irrenunciable del ejercicio de los derechos y las libertades. Pero las estadísticas sobre accidentes caseros con armas de fuego y sobre la creciente violencia entre ciudadanos empiezan a socavar el apoyo social de los partidarios y promotores del armamentismo social, y la manifestación de ayer así lo indica.
La posesión de armamento por parte de la ciudadanía es ciertamente un derecho, pero es de sentido común que su ejercicio debe ser estrictamente regulado, supervisado y acotado. Esta conclusión es válida también para nuestro país, en el que empiezan a abrirse paso voces delirantes que propugnan, como remedio contra la delincuencia, un acceso irrestricto de los ciudadanos a la tenencia de armas de fuego.
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