ALIENTO A LA IMPUNIDAD

El fallo emitido ayer por el juez 19 penal, Cleofas Lucas Pérez, en relación con la matanza de seis jóvenes, perpetrada el 8 de septiembre de 1997 en la colonia Buenos Aires de esta capital, por efectivos de los grupos Zorros y Jaguares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno capitalino (que, por aquel entonces, se encontraban en manos del último regente priísta, Oscar Espinosa Villarreal, hoy acusado de desfalco), es un claro ejemplo de los vicios y las lacras que afectan a las instituciones de procuración e impartición de justicia en el país: deficiencias irremediables en la formulación de las imputaciones por parte del Ministerio Público, sanciones sin esclarecimientos, clasismo, influyentismo y favoritismo. Tales defectos, que pueden agruparse en el vocablo corrupción, derivan en un fortalecimiento de los espacios de impunidad que el régimen político ha preservado, desde siempre, para sus servidores fieles.

Cabe recordar que el multihomicidio referido fue, según todos los indicios, un operativo de exterminio cuya organización y coordinación requería la participación de cuadros medios y altos de la SSP, entonces encabezada por el general Enrique Salgado Cordero. Sin embargo, los ex jefes de grupo Jesús Alonso Valdez y Moctezuma Ilhuicamina Rodríguez Zepeda, fueron liberados, "por falta de pruebas", menos de un año después de los sucesos. De los 33 efectivos policiales inicialmente procesados, 14 se encuentran prófugos, seis fueron absueltos y otros 13, pertenecientes a los niveles más bajos en el escalafón de la SSP, fueron sentenciados ayer por el juez Lucas Pérez a penas que oscilan entre 18 y 50 años de prisión.

Las condenas están vinculadas a tres de los homicidios; los tres asesinatos restantes permanecen, pues, impunes y no resueltos.

A dos años y ocho meses de aquellos trágicos sucesos, que indignaron y conmovieron a la sociedad capitalina y a la nacional, es claro que han prevalecido, en los procesos legales sucesivos, los intereses del encubrimiento y el olvido, en perjuicio de las víctimas y sus familias, de la justicia, los derechos humanos y la convivencia civilizada. En tal circunstancia, es claro que el asunto debe ser ventilado ųy enderezado-- en instancias superiores. Tres cadáveres en sus tumbas, otros tres que permanecen en el Semefo, seis familias y una ciudadanía agraviada, esperan que se haga justicia.