Profesionistas fronterizos se manifiestan en torno al caso de la niña Paulina

Señora directora: Solicitamos la publicación de la siguiente carta:

Al gobernador de Baja California;
Al procurador general de Justicia de Baja California;
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos;
Al secretario de Salud en Baja California;
Al pueblo de Baja California:

Como profesionistas y residentes fronterizos, los abajo firmantes sentimos una obligación especial de manifestarnos frente a la acción ilegal y violatoria de los derechos humanos de la niña Paulina por parte de autoridades y organizaciones civiles y religiosas de Baja California.

La violación es un acto perverso de poder, imposición, humillación, subyugación y odio. No es justo esperar que la persona violada ame al producto de una violación, pues está asociado con el terror del evento, el trauma y el resentimiento. Por esto, la ley --en el artículo 136 del Código Penal de Baja California-- reconoce a la violación como una de las razones jurídicas que admite el aborto. En una sociedad institucional se obliga a las y los ciudadanos a respetar la ley. De no ser así, existe el castigo judicial.

La niña Paulina --violada en su propia casa en Mexicali a los 13 años de edad por un ladrón adicto a la heroína, en pleno proceso de atracar a su familia-- contaba con el amparo de la legislación para poder interrumpir un embarazo no deseado, producto de su violación. Dicho derecho fue violado por las autoridades sanitarias del estado de Baja California. Aunado a dicha manifestación de resquebrajamiento de la estructura jurídica del Estado y la nación, Paulina y su familia fueron presionados por representantes de organismos civiles --como Pro Vida-- y autoridades religiosas para que desistieran en su deseo de terminar el embarazo.

Las y los abajo firmantes nos inconformamos con la ilegal falta de sensibilidad y de criterio humano con que se administró la justicia en este caso. Consideramos que en pleno siglo XXI es inadmisible imponer criterios ideológicos particulares por encima de la legislación federal y local y de los derechos humanos de las mujeres. Como ciudadanas y ciudadanos no podemos permitir que se institucionalice un estado al margen de la ley. Esto significaría condenarnos a vivir en el caos social y político. ƑA quién beneficiaría esto?

Por lo arriba expuesto, exigimos la reconsideración por parte de la autoridad estatal competente de la recomendación de la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California en todos y cada uno de sus puntos. A la CNDH le pedimos que resuelva dentro del termino el presente caso. Finalmente, solicitamos a ambas autoridades que, muy especialmente, estén atentas a la creación de un fideicomiso para garantizar la calidad de vida de Paulina y su hijo.

Dra. Elizabeth Maier; Dra, Laura Velasco Ortiz; Dra. Olga Odgers Ortiz; Dr. Germán Vega Briones; M.C. Alejandro Monsiváis C.; Ma. Eugenia Castillo; Humberto García Jiménez; Dr. José Luis Castro Ruiz; M.C. Nora L. Bringas Rábago; M.C. Lina Ojeda; Rogelio Villarreal; Dr. Raúl González; Dr. Noé Aarón Fuentes; Dr. Rafael Alarcon; Marta Sheila Delhumeau; Dra. María Eugenia Anguiano; Dr. Jorge Carrillo; Mtra. María del Rocío Barajas; Miriam García; Dra. Norma Ojeda, directora de Programa de Salud Reproductiva; Lic. Minerva Nájera Nájera, abogada y defensora de derechos humanos, y 122 firmas más.

Olga Harmony llama a que no muera la esperanza

Mi estimada Carmen: Esa mañana de domingo en el Parque México las filas interminables de personas que deseaban decir en voz alta sus razones para votar por Cuauhtémoc Cárdenas me impidieron llegar al micrófono. Pero no me resisto a unir mi voz a la suya. Mis razones son las mismas de todos y añado: En unos meses nacerá mi segundo bisnieto y aunque sea sólo por ellos, y todos los otros niños, hay que impedir que muera la esperanza.

Atentamente
Olga Harmony

Aclara nombre del presidente del Tribunal Electoral de Morelos

Señora directora: Quien suscribe licenciado Angel Garduño González, en su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos, por este conducto solicita muy atentamente que se realice la aclaración pertinente a la nota publicada en La Jornada, del suplemento "Masiosare", del 7 de mayo, de la sección de Política y Sociedad, bajo el rubro "Los últimos días del sexenio, Morelos una gubernatura ilegal", suscrito por el C. Alberto Aguirre M., toda vez que en la segunda columna párrafo noveno, aparece una imprecisión, ya que el Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral es el suscrito licenciado Angel Garduño González, y no la persona que indica, pues el C. Licenciado Pedro Luis Benítez Vélez, funge como Magistrado de éste Tribunal.

Debiendo aclarar además que éste Tribunal en ningún momento ha emitido adhesión alguna a los gobernantes de la entidad, ya que una de las características que tiene éste Tribunal Estatal Electoral es ser un órgano imparcial apegado a derecho, y la representación del mismo conforme lo dispone el artículo 218 fracción I, del Código Electoral para el Estado de Morelos, corresponde al Presidente del Tribunal Estatal Electoral, y dicho cargo lo ostenta el suscrito, quien nunca ha hecho declaración alguna al respecto, solicitando sea aclarada y publicada inmediatamente la nota correspondiente.

Lic. Angel Garduño González, Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral.

Respuesta del reportero

Señora directora: La imprecisión a la que alude el licenciado Garduño González, se cometió, en efecto: fue el magistrado postulante ųy no el presidente, como escribí- del Tribunal Estatal Electoral de Morelos, Pedro Luis Benítez Vélez, quien se pronunció a favor de la permanencia de Jorge Morales Barud como gobernador de esa entidad. De lo que no tengo duda es del carácter formal de su declaración. Para mayor abundamiento, la hizo el 30 de abril, en la ceremonia conmemorativa del 188 aniversario del rompimiento del sitio de Cuautla, acto convocado por los tres poderes de ese estado, en el cual el aludido pronunció el discurso oficial.

Alberto Aguirre M.

Aclaración del IFE a la columna Página 9

Señora directora: En relación con la columna Página 9 de la reportera Lourdes Galaz, publicada en la edición de este miércoles 10 de mayo del diario a su digno cargo, en la que entre algunas cosas, señala que "José Woldenberg, el presidente del Instituto Federal Electoral, desestimó el valor de los sondeos y reiteró que el IFE no avala estos estudios", cabe aclarar al respecto que el Consejero Presidente del organismo electoral ha reiterado en diversas ocasiones la importancia que tienen las encuestas, cuando se realizan con seriedad y rigor técnico, para construir un contexto de confianza, certeza y previsibilidad en los procesos electorales.

En ese sentido, durante la inauguración del foro Comunicación Política y Elecciones, el pasado 8 de mayo, Woldenberg aseveró que en el IFE se intenta simplemente acotar la charlatanería en la elaboración de encuestas, con el propósito de que los profesionales de la demoscopía exhiban su seriedad y rigor.

También expresó que, de acuerdo con el artículo 190, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), "quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre asuntos electorales debe presentar la metodología aplicada a la Secretaría Ejecutiva del IFE para que ésta la integre en su informe periódico al Consejo General", lo que no implica convertir a la autoridad electoral en certificadora de las mismas. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Lic. Víctor Avilés
Coordinador nacional de Comunicación del IFE

Anuncian mitin en defensa de indios mayos presos

Señora directora: Mucho agradeceríamos la publicación de la presente, en su prestigiado diario.

El pasado 16 de abril del año en curso, fueron violentamente desalojadas cerca de 300 familias de indios mayos del predio denominado San Salvador Tepatobampo, municipio de Benito Juárez, Sonora, por agentes de la policía Judicial del estado comandados por el Sr. Ricardo Clark, jefe del grupo de la corporación en esa zona del Estado. En el operativo fueron encarcelados los compañeros Leonardo Moroyoqui Valenzuela, de 64 años de edad, y su hijo del mismo nombre, quienes se encuentran presos en el penal de Huatabampo, Sonora, al parecer por los delitos de despojo y daños. De igual manera doce indígenas más tienen procesos abiertos de denuncias penales por los mismos cargos.

Ante esta situación de impunidad y atropello en contra de esta comunidad mayo, quienes son legítimos propietarios de los terrenos de los que fueron desalojados, ya que cuentan con los títulos de propiedad comunal expedidos por el gobierno de la República; los compañeros también son miembros de la Agrupación Política Nacional, Unidad Obrera y Socialista (UNIOS).

Por las razones arriba expuestas UNIOS y el Frente del Pueblo, realizaremos el próximo viernes 12 de mayo del presente a las 11:00 hrs, un mitin frente a la Sede del Gobierno del Estado de Sonora, que se encuentra ubicada en Julio Verne No. 39, Col. Polanco, para exigir la liberación de nuestros compañeros presos.

Atentamente
José Antonio Salas
Comisión de Prensa
Unidad Obrera y Socialista

Niegan presunto apoyo a Fox en un desplegado

Señora directora: Rogamos a usted sea tan amable de publicar en el periódico que acertadamente dirige lo siguiente.

El día 8 de mayo del 2000 apareció en La Jornada un desplegado en apoyo a Vicente Fox.

Al respecto, deseamos manifestar que nunca se nos pidió autorización para firmar dicho texto, y además, nosotros no damos nuestro apoyo a Fox.

Atentamente
Alberto Pulido Aranda, Tomás Méndez Moreno, Arnulfo Iriarte Corrales