NEGLIGENCIA CRIMINAL EN PUERTO VALLARTA

A raíz de lo que parece haber sido un error criminal en el etiquetado de contenedores de gas, cinco pacientes del Hospital Regional de Puerto Vallarta, que habrían debido recibir oxígeno, murieron anteayer intoxicados por dióxido de carbono. Tres de las víctimas eran menores de edad, incluidos dos bebés recién nacidos.

En esta fase incipiente de las investigaciones resulta imposible saber si hubo dolo o una imperdonable negligencia que pudo ser cometida tanto en la planta de la empresa proveedora de los gases como en el traslado, en el manejo de los contenedores en el propio nosocomio e incluso en el momento de la administración a los fallecidos. Sea como fuere, el hecho es que un centro de salud se convirtió, así haya sido en forma excepcional e involuntaria, en un matadero.

La primera de las muertes habría sido inadmisible. Pero el error, si es que lo fue, se repitió en otras cuatro ocasiones en el curso del domingo, ante cuadros clínicos muy diferentes, sin que el personal del centro hospitalario fuera capaz de detener la administración de gas letal hasta que sumaron cinco cadáveres. Ello es indicativo, en el menos peor de los escenarios, de una absoluta falta de responsabilidad, de un completo descontrol y caos y de total indiferencia ante los pacientes.

Significativamente, se trata de un hospital público, perteneciente al sistema de salud del Estado, ante el cual los gobernantes actuales han exhibido un triunfalismo y un optimismo que ya antes de esta tragedia parecían poco fundamentados, así fuera porque en cifras netas y sin maquillaje los presupuestos para salud pública han experimentado una merma programada y sostenida en el curso de los últimos tres sexenios, incluyendo el presente.

En tales circunstancias, y con el telón de fondo del dolor por la pérdida de vidas humanas, los apresurados e insistentes deslindes por parte del secretario de Salud, José Antonio González Fernández, carecen de buen gusto y de oportunidad. El hecho de que el Hospital Regional de Puerto Vallarta sea una entidad descentralizada y administrada por el gobierno estatal no borra los lustros de abandono federal a la salud pública de México.

Ciertamente, la circunstancia hace obligatoria, en primer término, una investigación judicial expedita y a fondo de los funcionarios y empleados del nosocomio referido, de las cadenas de aprovisionamiento y de los proveedores, a fin de garantizar que no vuelva a ocurrir nunca una aberración de esta clase y asegurar que los responsables de la tragedia comparezcan ante la justicia. Pero el doloroso episodio pone también en tela de juicio el desempeño de la Secretaría de Salud de Jalisco, el de la instancia federal correspondiente y el empecinamiento gubernamental en quitar fondos a la salud pública para transferirlos al rescate depredador de la banca privada.