EL EJERCICIO HIPOCRITA

Hoy se realiza en Wa-shington una nueva escenificación del proceso de certificación de los esfuerzos en materia antinarcóticos por parte de diversos gobiernos. Se ha dicho en innumerables ocasiones que tal procedimiento ųen el que participan el Legislativo y el Ejecutivo del país vecinoų constituye una inadmisible expresión de intervencionismo, extraterritorialidad y prepotencia por parte de Estados Unidos.

Habría que agregar que las certificaciones y las descertificaciones estadunidenses tienen muy poco que ver con la lucha contra el narcotráfico y mucho con el ejercicio de presiones y chantajes políticos ųy, a la postre, económicosų por parte del Departamento de Estado norteamericano. Son, en suma, un instrumento de política exterior que permite a la Casa Blanca emitir amenazas y advertencias contra otras naciones por boca de los legisladores y funcionarios de la DEA, y que no serían admisibles ni presentables por los conductos tradicionales de la diplomacia.

En otro sentido, los procesos de certificación constituyen una práctica por demás inmoral, habida cuenta que es precisamente el país certificador el más importante consumidor de drogas del mundo, un productor de primera importancia y el principal beneficiado financiero con el lavado de divisas producto del narcotráfico, cuyo monto, según los cálculos más conservadores, es de por lo menos 150 mil millones de dólares anuales.

Las exigencias de Washington a otros gobiernos para que intensifiquen sus esfuerzos contra la producción y trasiego de drogas ilícitas contrastan con el fracaso de las propias autoridades estadunidenses para disminuir ųy no se hable de erradicarų la demanda de tales sustancias entre su propia población, así como con su incapacidad o falta de voluntad para acabar con las redes de distribución de narcóticos en ese territorio.

Es claro, a este respecto, que si los productores y traficantes latinoamericanos y asiáticos parecen ser los principales responsables y beneficiarios de la introducción de cargamentos de droga a Estados Unidos, son las mafias locales las que convierten tales cargamentos en dosis individuales y las reparten por las calles de todas las ciudades de ese país. Sin embargo ųy a diferencia de lo ocurrido en México y Colombia, dos de los países que año con año aparecen en la lista de los chantajeables, es decir, de los certificablesų, las corporaciones policiales de Estados Unidos no han asestado nunca golpes sustanciales a esos grupos delictivos que abastecen a, por lo menos, dos decenas de millones de consumidores ocasionales o habituales de narcóticos.