TIJUANA: IMPERIO DE LA IMPUNIDAD

El asesinato del director de Seguridad Pública de Tijuana, Alfredo de la Torre Márquez, perpetrado ayer en esa ciudad, pone en primer plano el inaceptable clima de violencia que se abate, desde hace mucho tiempo, sobre los tijuanenses, así como la impunidad con la que actúan los criminales de toda laya en esa urbe fronteriza, en la que hace aproximadamente seis años fue ultimado el entonces aspirante presidencial priísta, Luis Donaldo Colosio.

Desde antes del homicidio de Lomas Taurinas, y hasta la fecha, en Tijuana han venido ocurriendo innumerables atentados, muchos de ellos mortales, lo mismo contra funcionarios y jefes de distintos niveles gubernamentales que contra informadores, y también, desde luego, contra delincuentes de largo historial; el denominador común en todos los casos es la impunidad para los autores de las agresiones criminales y la falta de continuidad de las investigaciones correspondientes.

Ciertamente, en Tijuana confluyen diversos fenómenos delictivos que podrían explicar, en parte, el clima de violencia: la condición fronteriza de la ciudad la convierten en teatro de operaciones de narcotraficantes, polleros -es decir, traficantes de seres humanos-, comerciantes de armas ilegales, transportadores de automóviles robados y contrabandistas, entre otros. Lo que resulta difícilmente explicable, en cambio, es la casi invariable impunidad con que operan los asesinos y agresores. Tal es el caso de los de Colosio, a menos que se pretenda comulgar con ruedas de molino e hipótesis oficiales de "asesinos solitarios"; el de quienes han asesinado y lesionado a periodistas; el de quienes mataron -un mes después del homicidio de Lomas Taurinas- al entonces director de la policía municipal, Federico Benítez López, y el de muchos otros.

Es inquietante constatar que, por lo que se refiere a Baja California, la alternancia en el poder y la convivencia de autoridades procedentes de partidos distintos --panistas y priístas-- en los niveles federal, estatal y municipal no se han traducido en una mayor eficiencia gubernamental en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia, sino todo lo contrario. En esta perspectiva, las rivalidades y las sospechas entre corporaciones policiales locales y federales han propiciado la espiral de violencia.

Ante el asesinato, ayer, de De la Torre Márquez, diversas voces panistas se han apresurado a insinuar la posible responsabilidad en el crimen de agentes de la Policía Judicial Federal. Si se recuerda el homicidio de Benítez López --cuyo presunto asesino, integrante de ese cuerpo, fue rápida e indebidamente exonerado sin investigación--, y si se tiene en cuenta el enorme poder de fuego y la gran organización mostrados en el homicidio de ayer, tales señalamientos resultan, al menos, verosímiles.

Como sea, es impostergable que las autoridades de Baja California emprendan una investigación a fondo del homicidio, identifiquen y capturen a los responsables, y los entreguen a las instancias judiciales correspondientes.