EL IVA, BOTIN POLITICO

En el último año del sexenio, año electoral, toma fuerza el debate sobre la reforma fiscal integral, sin duda urgente, y como parte del tema, la reducción del impuesto al valor agregado (IVA) de 15 a 10 por ciento. Ayer, el secretario de Hacienda, José Angel Gurría, escuchó y se mostró receptivo ante las propuestas de organismos empresariales, cámaras patronales, especialistas fiscales y legisladores que le sugirieron gravar actividades especulativas, bajar tasas que impulsen la producción y el empleo, reducir el IVA e incrementar a 18 por ciento la tasa para artículos suntuarios.

Ante los participantes en el Comité Promotor de la Reforma Fiscal, el secretario Gurría reconoció lo que fue una verdad de Perogrullo a lo largo de la actual administración: que la actual estructura tributaria impide incrementar los ingresos públicos y que es impostergable la revisión de las fuentes de ingreso del gobierno, entre las que destaca el cobro del IVA.

Dicha postura dista mucho de la asumida por el gobierno cuando al inicio del sexenio impuso el aumento al IVA mediante la mayoría priísta en el Congreso, con el argumento de que era una medida necesaria para superar la crisis desatado por el llamado error de diciembre. En esa ocasión no hubo oídos para el rechazo a la medida por parte de amplios sectores de la población. Tal vez ahora, el gabinete económico reconoce que el incremento de la tasa al valor agregado trajo consigo una mayor recesión y evasión fiscal, y no repercutió de manera significativa en un aumento de la recaudación.

En repetidas ocasiones se señaló en este espacio que para aumentar la recaudación, lo conveniente era revisar la actual legislación fiscal, que aplica el mismo porcentaje nominal a empresas grandes y chicas, porcentajes no sólo referentes a 15 por ciento de IVA, sino también a los impuestos sobre nóminas, al activo y predial, entre otros. En pocas palabras, dar incentivos a la pequeña y mediana empresas para reactivar la economía, mejorar la recaudación fiscal y de paso volver a una cierta redistribución de la riqueza entre más y no entre cada vez menos mexicanos, como sucede desde hace unos años.

Paradójicamente, la repentina disposición del gobierno a considerar éstas y otras propuestas formuladas ayer por organismos empresariales y legisladores de partidos de oposición, inevitablemente despierta la sospecha de que tal actitud responde más al momento político preelectoral que a un interés por llevar adelante reformas fiscales largamente esperadas.

Una legislación más sencilla, pero que cobre más de manera explícita a las empresas grandes que a las más pequeñas, o bien que grave más a los empresarios como personas en términos de su ingreso global, puede ser una ayuda para mejorar la recaudación.