LA TORTILLA Y LA ESQUIZOFRENIA ECONOMICA

Anteayer, un grupo de tortilleros con presencia en toda la República anunció significativos incrementos en el precio de su producto. Las reacciones de repudio a tal medida, procedentes de los más diversos sectores sociales, políticos y económicos, no se hicieron esperar. Efectivamente, hay razones para el rechazo: el precio por tonelada de maíz se encuentra en su nivel más bajo de los últimos años, y en tal circunstancia sólo un afán de enriquecimiento rápido a costillas de la población en general podría explicar la injustificable determinación.

El malestar social llegó a tal grado que ayer el secretario de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco, amenazó a los tortilleros ambiciosos con aplicarles la Ley Federal de Competencia Económica y hasta el Código Penal del Distrito Federal, instrumentos que establecen diversas penas de cárcel y sanciones económicas para los productores que, siendo competidores entre sí, incurran en la práctica monopólica de ponerse de acuerdo para fijar precios a su arbitrio. En su súbita e inopinada expresión de rigor legal y preocupación por la economía popular, el funcionario recibió el apoyo de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Cooperación y Consulta de los Sectores Productivos, entidad que agrupa al gobierno, a cúpulas empresariales y a centrales obreras y campesinas oficialistas.

Sin embargo, los antecedentes hacen pensar que las amenazas del titular de la Secofi son, en el mejor de los casos, muestra de las incoherencias de la política económica oficial y, en el peor, un acto de simulación.

De hecho, fue el propio Herminio Blanco quien el año pasado tomó la decisión de liberar el precio de la tortilla, en lo que constituyó un severo agravio a los bolsillos de los mexicanos más desprotegidos. Tal determinación resultaba, además, congruente con el empeño oficial --que se origina en el sexenio antepasado y que ha imperado en los dos últimos-- de desmantelar los instrumentos de regulación y abasto para implantar, al costo que fuera, la lógica del libre mercado. En ese contexto, el que una asociación --o club, o cadena-- de productores establezca un precio determinado para su mercancía puede ser, como lo es en este caso, una expresión de voracidad y hasta de insensibilidad, pero no necesariamente constituye un acto monopólico; no, al menos mientras no se demuestre que los afiliados a la marca Masfresca son competidores unos de otros.

Parece harto improbable que tal condición de competencia pueda demostrarse en un proceso legal, y cabe, por ello, pensar que la ira inopinada del secretario de Comercio constituye más un acto de administración del descontento --y no debe olvidarse que el país está por entrar en la fase final de las campañas presidenciales-- que la expresión de un genuino interés por la protección de la economía popular.

Finalmente, la responsabilidad última de la carestía recae no en los vivales que buscan maximizar sus ganancias a costa de los productores nacionales de maíz y de los consumidores de tortilla, sino en el equipo económico que ha creado las condiciones para que ello sea posible.