TSJDF: INJERENCIAS INACEPTABLES

Hoy, los 58 magistrados que encabezan el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) elegirán mediante voto secreto a quien será su presidente por los próximos cuatro años. Tres son los candidatos a presidir ese órgano judicial: los magistrados Juan Luis González Alcántara, Juan Lara Domínguez y Rafael Avante.

Que el titular del TSJDF sea designado mediante una votación libre y secreta es, en sí, un acontecimiento muy significativo que contribuirá a la necesaria democratización e independencia de los órganos judiciales del país. Sin embargo, diversas voces han alertado sobre la injerencia de funcionarios del gobierno federal en la elección del próximo presidente del tribunal.

En ese sentido, la jefa del Gobierno capitalino, Rosario Robles Berlanga, dirigió el jueves pasado una misiva al titular de Gobernación, Diódoro Carrasco, en la que denunciaba esas intromisiones y conminaba al gobierno federal a no intervenir en un proceso que, para bien de la sociedad y la impartición de justicia en la capital del país, debe ser intachable, transparente y democrático.

Según la carta de Robles, en días pasados se habrían realizado diversas reuniones para orientar el voto de los magistrados en favor de Lara, quien fue secretario de Gobierno en Chiapas durante el periodo de Patrocinio González y asesor de Esteban Moctezuma en la Secretaría de Gobernación. En esos encuentros habrían participado, inclusive, el titular de la Secretaría de Turismo, Oscar Espinosa Villarreal, y varios funcionarios de la Secretaría de Gobernación.

La intromisión de personas ajenas al TSJDF ųy más aún, de funcionarios federalesų en la elección del presidente de ese tribunal pone en riesgo la credibilidad de la institución, representa una práctica inaceptable e incompatible con los reclamos democráticos de la sociedad, suscita la sospecha de la ciudadanía sobre la imparcialidad de los órganos de impartición de justicia y vulnera la independencia de ese órgano judicial.

Por ello, cabe esperar que los magistrados, mediante su voto libre y secreto y al margen de presiones e intereses ajenos, se inclinen por el candidato que por su honorabilidad, capacidad e imparcialidad sea el adecuado para presidir una institución de gran relevancia para la vida de la capital del país.