JUSTICIA TARDIA PERO NECESARIA

Hace poco menos de 20 años, el 31 de enero de 1980, la policía de Guatemala atacó la embajada española, que había sido ocupada por decenas de campesinos indígenas para dar resonancia internacional a su protesta contra la represión militar en El Quiché. En el ataque y el incendio subsiguiente murieron carbonizados 37 campesinos -entre los cuales el padre de la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú- y tres ciudadanos españoles -incluyendo el primer secretario de la embajada-, mientras que otro fue secuestrado del hospital y acribillado a balazos, pero salvó su vida.

Durante los 36 años de dictaduras militares en el país vecino fueron muertas nada menos que 200 mil personas, la mayoría de ellas por el ejército y los paramilitares. Cuatro sacerdotes españoles y dos hermanos de Rigoberta Menchú fueron asesinados, y la madre de ésta fue torturada hasta morir.

Basándose en estos hechos y en los procesos contra el dictador chileno Augusto Pinochet y los militares genocidas argentinos, Rigoberta Menchú, en su condición de "víctima, premio Nobel y, sobre todo, mujer indígena", denunció el jueves pasado ante los tribunales españoles al ex presidente general Fernando Romeo Lucas García, a los ex presidentes golpistas generales José Efraín Ríos Montt y Oscar Humberto Mejía Víctores, y diversos otros jefes militares, ministros de Defensa, de Gobernación, jefes de Estado Mayor o jefes policiales. Esta denuncia es particularmente importante porque Ríos Montt es actualmente presidente de la Cámara y jefe del partido gobernante, además de líder de la derecha, y la denuncia de Rigoberta Menchú dificultará mucho no sólo su actuación institucional y las relaciones internacionales de su partido sino que también impedirá que el ex dictador salga del país, si no quiere seguir la suerte de su colega Pinochet.

Aunque Menchú presentó el caso en el juzgado del magistrado Baltasar Garzón, que sigue los casos del genocida chileno y de sus iguales y cómplices argentinos, la denuncia por genocidio, terrorismo de Estado y torturas ha sido turnada al fiscal, el cual debe informar aún si la Audiencia Nacional es competente en el caso y si los delitos están configurados.

Pero sea cual fuere el resultado de esta práctica, es evidente que, después del proceso a Pinochet, los dictadores no están seguros y no pueden confiar en la impunidad como lo hizo Ríos Montt al reaparecer en la vida pública guatemalteca, manchado de sangre y después de haber violado la Constitución con un golpe de Estado.

La manipulación del aparato judicial durante las dictaduras y la construcción de redes de clientelismo y de complicidad creadas por éstas no bastan ya frente a una situación de hecho marcada por el peso de la opinión pública mundial, que está creando nuevas condiciones en el campo del derecho internacional, sobre todo en lo que se refiere a los derechos humanos.

Este resultado de la mundialización -inesperado para todos los ex dictadores- demuestra que la omnipotencia de los aparatos represivos ya no está en su cenit. Aunque tardíamente, parece llegar la hora de la justicia, al menos para los genocidas.