JUAREZ: EXHUMACION DE DUDAS

El presunto hallazgo de cuatro narcocementerios en diversos puntos de Chihuahua, tres de ellos en las inmediaciones de Ciudad Juárez, así como el involucramiento en las pesquisas policiales de varias decenas -se habla hasta de dos centenares- de agentes de la FBI (y acaso también de la DEA) estadunidense, ponen sobre el tapete preguntas obligadas sobre la eficacia de la lucha contra el narcotráfico y las mafias de la droga, tanto en nuestro país como en el ámbito binacional, y sobre la legalidad de las operaciones policiales conjuntas mexicanoestadunidenses en el territorio nacional.

Por principio de cuentas, resulta obligado contrastar la vastedad de los operativos en los ranchos Campo de Tiro Paso del Norte, Granja Santa Elena, Puerto Palomas y Zaragoza, con la desprotección que han sufrido por parte de las autoridades los habitantes de Ciudad Juárez, una concentración urbana conflictiva y violenta en cuya área han sido asesinadas en años recientes más de 150 mujeres, sin que ninguna instancia municipal, estatal o federal haya realizado una investigación verosímil al respecto y sin que, en consecuencia, se haya procurado e impartido justicia.

En esa ciudad fronteriza y sus alrededores, además, han ocurrido dos centenares de "desapariciones" de personas, sucesos vinculados, a decir de las autoridades, con una confrontación entre bandas rivales de narcotraficantes -los cárteles de Tijuana y de Ciudad Juárez- por el control de la plaza. Así, de entrada, resulta lamentable que los enormes recursos humanos y materiales empeñados en buscar restos no hayan sido empleados en preservar la vida y la seguridad de los juarenses.

De hecho, resulta difícil entender que de 1997 a la fecha los sicarios del narcotráfico hayan podido secuestrar -y, presumiblemente, ejecutar e inhumar- a más de doscientas personas, una cada cinco días en promedio, de acuerdo con un patrón establecido de conducta, en emplazamientos definidos, sin que las fuerzas policiales y militares que operan en la región pudieran evitar o detener esa matanza, lo que pone sobre la mesa posibles responsabilidades -por falta de acción o por complicidad- de altos ex funcionarios del gobierno de Francisco Barrio Terrazas. No escapa a la atención, por otra parte, que el Campo de Tiro Paso del Norte se ubica a cinco kilómetros de la guarnición; algunos lugareños afirman incluso que los soldados adscritos a la quinta Región Militar frecuentaban el sitio mencionado.

En otro sentido, resulta dudosa la legalidad con que operan los agentes estadunidenses, quienes, de acuerdo con los reportes, llevan la voz cantante en las pesquisas de los ranchos asegurados. Ciertamente, la Procuraduría General de la República (PGR) ha invocado el Tratado de Cooperación Jurídica para justificar la presencia de los policías del país vecino en la búsqueda de cuerpos, pero ello extiende el interrogante a la constitucionalidad de ese instrumento bilateral. La Carta Magna dice, en su artículo 21, que "la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato", y en el 32, que "en tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército ni en las fuerzas de policía o seguridad pública".

Finalmente, en el supuesto de que los agentes estadunidenses estén operando "bajo la autoridad y mando inmediato" de funcionarios mexicanos y únicamente en tanto que peritos y especialistas, cabe preguntarse si tal situación no pone de manifiesto una grave e inadmisible deficiencia e incapacidad de la PGR en materia forense y criminalística.