Refuta al INM
Señora directora: En relación con la carta del coordinador de Regulación de Estancia del Instituto Nacional de Migración, publicada el día 17 de noviembre, y la de los observadores internacionales del día 18, hago los siguientes comentarios:
1. El cumplimiento irrestricto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente la garantía de libre tránsito (artículo 11), no puede estar subordinado a "muestras de buena voluntad" de los funcionarios de migración que a cuentagotas están otorgando "permisos especiales FM3".
2. El citado funcionario no aclara a qué se refiere cuando habla de "...las actuales disposiciones migratorias". Tal vez se refiera a los innumerables e inconstitucionales requisitos que Gobernación exige de manera arbitraria a los observadores internacionales, ya que ni en la Constitución ni en la Ley de Población existe ninguna norma que prevea tales requisitos ni "permisos especiales".
3. Los integrantes de la Comisión Civil Internacional de Observación a pesar de haber cumplido, semanas atrás, todos y cada uno de los multicitados requisitos (como lo afirman en su carta del 18 de noviembre) sólo han recibido de Migración el FM3 para 10 de los 41 observadores.
4. Migración no tiene por qué exigir "permisos especiales" que la ley no exige y menos aplicar criterios selectivos y discrecionales para otorgar los FM3. Por el contrario, todos los funcionarios, incluidos los de migración, deben sujetar sus actos al estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes, por lo que deben entregar dichos permisos inmediatamente, pues no existe justificación legal alguna para seguirlos negando.
Bufete Jurídico Tierra y Libertad, AC. Santos García y Bárbara Zamora
Zamora descontextualizó aclaraciones: SRA
Señora directora: En mi comunicación publicada en El Correo Ilustrado el pasado primero de noviembre manifesté que por última vez haría precisiones a las temerarias afirmaciones de la licenciada Bárbara Zamora; sin embargo, en su misiva inserta el día 4, Zamora descontextualiza mis precisiones y aprovecha el espacio para incorporar cuestiones ajenas al planteamiento original, por lo que señalo lo siguiente:
Zamora inicialmente sostuvo que antes de las reformas al artículo 27 constitucional de 1992, "los ejidos que eran dotados de tierras desde ese momento eran propietarios de las mismas", y transcribió parcialmente el artículo 51 de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria, motivo por el cual en su momento señalé que dicha propiedad no era plena, y que el referido artículo, en la parte que omitió Zamora, expresaba "...con las modalidades y limitaciones que esta ley establece", las cuales se traducían, dijo, en que los ejidatarios no tenían la propiedad plena ni la libre disposición de sus tierras.
Zamora se complació de que fuese la última vez que el suscrito escribiese a El Correo Ilustrado, por dos razones, dijo: la primera, para dejar el espacio a asuntos más importantes, y la segunda, para que el suscrito atendiese el cumplimiento de una ejecutoria que ella misma patrocina, lo que sin lugar a dudas para ella representa un asunto más relevante que las cuestiones agrarias que son de interés de la sociedad.
Al respecto, Zamora no tenía ninguna necesidad de escribir, con el pretendido interés de informar a los lectores de ese prestigiado diario acerca de las disposiciones agrarias, para que se atendiese la ejecutoria en la cual confiesa tener un interés directo. La Secretaría de la Reforma Agraria realizó los trámites conducentes para cumplir cabalmente la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 102/98, cuyo único alcance consistió en remitir en estado de resolución el expediente de dotación de tierras del poblado quejoso "Zompanico", municipio de Hueytamalco, Puebla, al Tribunal Superior Agrario, mediante el oficio VIII.102, 656, de fecha 11 de octubre de 1999. Si la Zamora al escribir su carta ignoraba lo anterior, queda en evidencia su falta de seguimiento a los asuntos que tiene bajo su responsabilidad.
Pero además, resulta absurdo y temerario la afirmación de Zamora de que en ese asunto se "resolverá sobre la destitución del secretario de la Reforma Agraria", toda vez que por un lado la SRA ya cumplió la ejecutoria, y por otro lado en ésta el titular del ramo ni siquiera fue considerado como autoridad responsable.
De la manera más respetuosa y comedida, exhorto a Zamora a evitar llamar la atención con interpretaciones parciales y limitadas de la normatividad agraria, que pudieran confundir a los lectores de La Jornada, y le manifiesto que la SRA en el ámbito de su competencia está empeñada en cumplir todas las ejecutorias, por lo que no es necesario "litigarlo" en los medios de comunicación.
Gilberto José Mershberger Reyes, director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria
Desmienten académicos a Roberto Garduño
Señora directora: Los que firman, directores de diversas facultades e institutos de la UNAM, manifestamos nuestra inconformidad por la nota firmada por Roberto Garduño, en la que hace referencia a nuestra supuesta posición con respecto a la designación del rector en nuestra casa de estudios.
En ningún momento hicimos declaraciones que descalificaran a persona alguna, fuera cual fuese su procedencia, y mucho menos nos atrevimos a descalificar, o poner "en marcha (una) campaña en contra del subsecretario José Narro", como alude la nota referida. Estamos convencidos de las cualidades del doctor José Narro Robles para ocupar tan honroso cargo, y reconocemos igualmente las de otros candidatos que podían desempeñar satisfactoriamente las funciones de rector de nuestra máxima casa de estudios.
En momentos como los que vive actualmente la UNAM, hacemos un llamado a la unidad, a la cordura y a la necesidad de contar con información basada en hechos reales y no en informaciones difundidas "a través de una agencia de publicidad" cuya identidad no conocemos y mucho menos avalamos.
Reiteramos nuestro apoyo a los mecanismos establecidos que emanan del marco legislativo que rige a nuestra universidad y, en particular, manifestamos nuestro respeto irrestricto a la labor de la H. Junta de Gobierno y el papel crucial que desempeñó en la designación de rector.
Dr. Luis Alberto Zarco, director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia; Dr. José Luis Palacios Prieto, director del Instituto de Geografía; Dr. José Antonio de la Peña, director del Instituto de Matemáticas; Dr. Guillermo Aguilar, director del Instituto de Investigaciones en Materiales; Dr. Manuel Salmón, director del Instituto de Química; Dr. Daniel Piñero, director del Instituto de Ecología
Respuesta del reportero
Señora directora: La "supuesta posición" respecto a la designación del nuevo rector de la UNAM, que aluden los señores Luis Alberto Zarco, José Luis Palacio Prieto, José Antonio de la Peña, Guillermo Aguilar, Manuel Salmón y Daniel Piñero, quedó aclarada en la nota informativa publicada en este diario el pasado viernes 19 de noviembre, una vez que algunos de los directores citados aceptaron haber recibido llamadas telefónicas de dos altos funcionarios de la universidad para que participaran en una conferencia de prensa donde se daría a conocer su postura sobre el perfil de quien debería ocupar la rectoría. Tal y como lo hizo Zarco, José Antonio de la Peña rechazó el ofrecimiento de los personajes a los que ellos mismos dieron nombre y apellido: Salvador Malo y Leopoldo Paasch. De esto fue testigo una experimentada reportera de Excélsior. Lamento que sus nombres fueran utilizados ųsin su autorizaciónų en un documento enviado a este reportero, pero eso no me corresponde aclararlo. Lo único que se desprende de esos sucesos es que en pleno proceso de auscultación para dar a conocer el nuevo rector de la universidad, y una vez que el doctor José Narro Robles se perfilaba como uno de los candidatos con más posibilidades, aquello no tiene otro nombre más que campaña. Los seis funcionarios aclaran que no participaron, pero si existe alguna duda sobre el documento referido, las copias del mismo están a su disposición en este diario.
Roberto Garduño
Concluye con éxito el congreso de la ANAD
Señora directora: La Asociación Nacional de Abogados Democráticos, AC (ANAD), informa que su VIII congreso celebrado in memoriam del licenciado Emilio Krieger, concluyó exitosamente. El Congreso se pronunció por la defensa de los derechos políticos, ciudadanos y de los pueblos indios; la autonomía irrestricta de los sindicatos y la publicidad de los contratos colectivos; por la ampliación de la competencia de las comisiones de Derechos Humanos y su evaluación social. Y por el derecho internacional humanitario y la jurisdicción penal universal, como en el caso Pinochet, y se solidariza con la lucha del juez Baltasar Garzón.
Fue elegido el nuevo comité ejecutivo nacional por el periodo 1999-2001: presidente, Adalberto Saldaña; secretarios de: Organización, Ernestina Godoy; Relaciones, María Estela Ríos; Finanzas, Bertha Galeana; Informática, Efrén Rodríguez; Constitucional, María Eugenia Meza; Derechos Humanos, Claudia Gómez Godoy; Laboral, José Luis Contreras; Agrario, Bárbara Zamora; Económico, María Victoria López; Ecológico, Jorge Fuentes Morúa; Internacional, Arturo Alcalde Justiniani; Familiar, Enrique León, y Defensa y Protección de Socios, Margarita Alvarez. Como coordinador del Consejo Nacional fue elegido el Lic. Jesús Campos Linas, y como coordinadora de la Sección Distrito Federal, María Luisa Campos. Se acordó que el año 2000, para la ANAD, será el año Emilio Krieger Vázquez, nuestro fundador.
Adalberto Saldaña
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