TAESA: ACCIDENTES PRIVADOS

Desde el pasado 9 de noviembre, fecha en que un avión de TAESA se estrelló cerca de Uruapan, con un saldo trágico de 18 personas muertas, ha surgido abundante información sobre el descuido y la falta de mantenimiento con que operan las aeronaves de esa empresa, así como las represalias a que se arriesgan los trabajadores que se inconforman con tales condiciones. Ciertamente, sería temerario asumir, antes de que la investigación respectiva llegue a término, que el mencionado accidente es consecuencia directa de los vicios de la compañía en materia de mantenimiento y cuidado de los aviones. Pero el cúmulo de datos sobre las irregularidades operativas en TAESA debería ser suficiente para que las autoridades aeronáuticas ordenaran suspender los vuelos de esa firma en tanto no se esclarezcan las múltiples denuncias porque, de ser fundadas, pueden estar en juego muchas vidas.

Por lo demás, el caso de TAESA constituye un rotundo desmentido a los argumentos con los cuales se ha venido privatizando, desde el sexenio antepasado, empresas propiedad de la nación; se dijo que el Estado era, casi por definición, un administrador ineficiente y corrupto, y que la iniciativa privada, en cambio, era garante de operación transparente, eficaz y de calidad. La realidad se ha encargado de demostrar que al menos la segunda parte del aserto es falsa. El saldo negro de las privatizaciones deja al país ante ingenios y siderúrgicas quebradas, bancos saqueados por sus propios dueños o por donativos de campaña al partido oficial, carreteras inacabadas, peligrosas y carísimas y, por lo menos, una aerolínea que, según el clamor de muchos de sus empleados y ex empleados, opera en condiciones críticas de inseguridad. Para colmo, los números rojos de las corporaciones referidas ųesos que la iniciativa privada se encargaría de convertir en negros, según la teoría fantasiosa de los privatizadoresų están siendo cubiertos con fondos públicos que dejan de invertirse en salud, educación, alimentación y vivienda.

A la vista de tales antecedentes, se desvanecen los argumentos para una feria de desincorporaciones que lleva ya tres sexenios, que constituye el más grave saqueo de la historia nacional y que prosigue como la mera aplicación de un dogma económico que no requiere de demostración y que prescinde de las pruebas de error. Ahora la justificación es la necesidad de recursos del sector público y su imposibilidad de obtenerlos, como se argumentó en el reciente intento por vender segmentos esenciales de la industria eléctrica a inversionistas privados. Algo similar alega el subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Silberstein, quien ayer anunció la inminente privatización de Mexpost, la empresa de mensajería del Servicio Postal Mexicano.

Cabe preguntarse cuántas bancarrotas bancarias más ųasí se les disfrace de crisis de liquidezų, cuántos caminos de peaje inservibles, cuántos ingenios parados, cuántas siderúrgicas en problemas y cuántos aviones que vuelan casi de milagro se requerirán para que los estrategas gubernamentales superen sus fiebres privatizadoras, o para que la sociedad se movilice y ponga un alto a la manifiesta insensatez del dogma.