PRESUPUESTOS: RADIOGRAFIA DE PRIORIDADES

El secretario de Hacienda, José Angel Gurría, presentó ayer en la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2000. El documento, que será analizado durante los próximos días en el Congreso, fue considerado ''electorero e inequitativo'' por las fracciones parlamentarias de la oposición. Según las cifras dadas a conocer por el funcionario, los recursos para las universidades públicas, en particular para la Universidad Nacional Autónoma de México, serán equivalentes a 16 por ciento de lo que se destinará al pago de intereses del rescate bancario. Otro dato significativo es que se destinará 8 por ciento menos que el año pasado a los salarios de los maestros de educación básica.

Más allá del discurso y las buenas intenciones oficiales, estas actitudes presupuestales reflejan con claridad el orden de prioridades del actual régimen y evidencian que en él la educación en todos sus niveles no parece ser muy relevante. Para el gobierno actual, mantener su operación de salvamento de los bancos privados es cinco veces más importante que la enseñanza superior pública del país. Ello revela, también, con quiénes y en qué sectores se encuentran los compromisos reales de una administración que, si se lo propusiera, podría propiciar una distensión decisiva en el conflicto que vive la UNAM por el simple procedimiento de incrementar en forma sustancial el subsidio a la máxima casa de estudios.

En cuanto al proyecto de Ley de Ingresos, destaca la propuesta de la Secretaría de Hacienda para aumentar el impuesto al valor agregado (IVA) de 15 a 17 por ciento, con el argumento de que el porcentaje adicional serviría para el ''fortalecimiento de las haciendas locales'', dado que sería cobrado directamente por los estados. La bancada del partido oficial ya anunció que apoyará esta propuesta que no sólo es lamentable porque significaría, de concretarse, un nuevo golpe a la población, sino porque detrás de su justificación ''federalista'' hay una clara intención de diluir en una discusión parlamentaria la responsabilidad de la Federación de destinar mayores recursos.

Ambos proyectos, lejos de reflejar un cambio en la percepción gubernamental sobre las carencias y los rezagos de la población, dan muestra del empeño por mantener a toda costa una política económica que ha agravado y profundizado la pobreza de millones de mexicanos. Asimismo, refleja que la prioridad de las autoridades económicas es beneficiar y sostener un sistema financiero que hace mucho dejó de cumplir con su papel de servir a la sociedad y alentar el desarrollo económico y, en cambio, es un barril sin fondo al que se destinan, en forma por demás irracional, recursos públicos que se requieren con urgencia en otros ámbitos de la vida nacional.